(Publicado en el suplemento Ideas de Página Siete, el domingo 18
de septiembre de 2022)
“En busca de la justicia. Historia del
pluralismo jurídico e interlegalidades en Bolivia” (2021, 230 páginas) de
Ramiro Molina Rivero, es una obra de investigación histórica y sociológica que
revela mucho sobre la justicia indígena en Bolivia desde sus orígenes. Ha sido
publicada por la Fundación Konrad Adenauer, que ha demostrado desde hace años
su compromiso con la democracia y el pensamiento independiente en Bolivia.
El título podría ser de una novela o serie
policial de televisión, y en verdad, esta indagación es tan apasionante como
una pesquisa de Sherlock Holmes o de NCIS. El libro está dividido en cuatro
partes, correspondientes a periodos históricos bien diferenciados: el incario,
la Colonia, la república temprana y la república del siglo XX. Luego de
concluir su lectura uno siente que ha aprendido sobre el hilo conductor que
existe entre esos periodos, y entiende que nunca hubo quiebres tajantes, como
una historia sesgada o los discursos políticos podrían sugerir.
Lo fascinante es descubrir que en los cuatro
periodos hay una negociación permanente entre la justicia indígena y la
occidental, sea esta última de la Corona española o de la república. Es más,
también existió una negociación entre la justicia vertical y absolutista que
implantaron los incas, y la justicia de las comunidades rurales (ayllus) que
precedieron al establecimiento del imperio.
Para neófitos como yo el libro abre los ojos y
el espíritu y hace pensar en lo poco que conocen los gobernantes actuales sobre
el tema con el que se llenan la boca demagógicamente. La ignorancia que los
caracteriza da lástima.
“La historia del pluralismo jurídico en
Bolivia se escribe por primera vez y ese solo hecho es un mérito enorme. A
partir de este aporte podrán hacerse otros, que lo amplíen, modifiquen refuten
o contradigan; pero, es el primer paso, el primer ladrillo de una apasionante
temática”, escribe Carlos Derpic en un prefacio conciso que introduce a la obra
y al autor, quien reúne la condición de un académico serio, con experiencia
probada de convivencia con las comunidades sobre las que escribe. Su
investigación no es solo el resultado de una revisión de archivos.
También nos informa Derpic que Molina “fue actor
principal y coordinador en una investigación realizada en 1998 por el ministerio
de Justicia, que concluyó con la publicación de diez tomos de ‘Justicia
Comunitaria’; pionero en el intento de sistematización del pluralismo jurídico
en Bolivia”.
En cada uno de los periodos analizados, el
autor analiza la coexistencia de dos sistemas jurídicos, con desventaja para el
sistema indígena ancestral, del que no quedan documentos ni testimonios
suficientes. “La historia se desarrolla en torno a una pluralidad jurídica,
pero principalmente nos centramos en las relaciones de interlegalidad en la
medida en que (...) evidenciamos la coexistencia de dos sistemas jurídicos muy
distintos en un mismo espacio geopolítico”, escribe en el prólogo.
Señala el desafío de reconciliar sistemas de
valores diferentes, “ya que dependen del poder imperante de uno sobre el otro a
lo largo de la historia”. Las relaciones asimétricas entre la justicia indígena
y la justicia estatal ordinaria, son una suerte de leit motiv a lo largo
de los cuatro capítulos del libro.
La “interlegalidad” es un concepto lúcido y
dominante en el análisis: los indígenas desarrollaron su propio sistema de
justicia, pero nunca dejaron de negociar sus reivindicaciones usando los
instrumentos de la justicia del Estado.
El incario
La abundante bibliografía y las referencias a
autores de reconocida trayectoria académica, como Condarco Morales y John Murra,
permiten en la primera parte, “El pluralismo jurídico en el incario”,
desbaratar el mito del imperio incaico como un Estado socialista, bondadoso y
de bienestar para todos. Aunque ese mito ha sido desmontado científicamente por
varios autores, sigue siendo utilizado con fines ideológicos como argumento central
del discurso del “buen vivir”, sin contenido real, en campañas demagógicas que
se asientan en un poder tan vertical como el de los incas.
Me pregunto si en aquella época los incas
también usaban ese discurso para prolongarse en el poder indefinidamente.
Retomando a Murra, Molina afirma que los
sistemas de reciprocidad y de redistribución se desarrollaron en los ayllus
precisamente contra el sistema “perverso” de los incas que pretendían
consolidar el linaje imperial: “Los sistemas de reciprocidad y redistribución
van más allá de una economía de bienestar o de una economía socialista,
recayendo más bien en una estrategia de uso racional de los excedentes en
almacenamientos para ser utilizados allí donde la autoridad creyera más conveniente”
(Murra, 1975).
La investigación teje las relaciones de la
economía, la religión y el poder, con la justicia, que no emerge de principios
sino de necesidades. Es fascinante análisis del “dualismo jurídico” como el
punto de encuentro entre las prácticas del ayllu y la imposición del Estado
inca. La ley estaba subordinada a quienes gobernaban por un supuesto derecho
divino y no por representar a la ciudadanía, anota Molina siguiendo a Pease
(1965). De hecho, un factor de unificación del imperio fue el mito del origen
de la dinastía inca, que se enseña sin cuestionamiento en las escuelas y sirve
por igual para los discursos populistas.
Es difícil olvidar la imagen de Evo Morales
disfrazado de rey sol para su entronización en Tiwanaku. Parece que estuviéramos
leyendo las noticias de hoy. Eso es fascinante en el libro, es inevitable
establecer la relación con el presente.
Muy diferente era la estructura social del
ayllu ancestral. “La palabra ayllu, de origen quechua y aymara, significa,
entre otras cosas: comunidad, linaje, genealogía, casta, género y parentesco.
Puede definirse como el conjunto de descendientes de un antepasado común, real
o supuesto, que trabaja la tierra en forma colectiva y con un espíritu
solidario”, nos dice Molina para explicar la estructura estamental del imperio,
que supo aprovechar esa forma de organización social comunitaria, alrededor de
la cual se desarrolló un sistema de justicia para regular el pago de tributos de
quienes trabajaban la tierra, extraían minerales o fabricaban vestimenta.
Los delitos contra el inca eran delitos contra
dios. Aunque no había leyes escritas, la justicia de los incas reconocía
delitos civiles y delitos penales. Los primeros eran pasibles de sanciones que
podían resolverse con reparación, pero los segundos incluían castigos
corporales y la pena máxima. Hablar “mal” del inca o mirar directamente su
rostro se castigaba con la pena de muerte. En los procedimientos judiciales no
existía apelación: las sentencias se ejecutaban sumariamente.
El fin último de las leyes era el pago de
tributos, de los que vivía el Estado y la clase dominante. Algunos castigos por
incumplimiento podían derivar en la confiscación de bienes o el exilio, a veces
de comunidades enteras.
En el incario prevalecían dos sistemas
complementarios: la justicia del inca centralizada y teocrática, y la
comunitaria, tolerada como parte de las costumbres anteriores al
establecimiento del imperio.
El sistema colonial
Fueron sagaces los españoles para obrar de
manera similar a la de los incas: negociar un sistema de justicia tomando
ventaja del que ya existía, puesto que era la base para el cobro de tributos.
En el capítulo “El sistema jurídico plural
colonial, siglos XV-XVIII”, Molina muestra cómo el sistema colonial español (de
Castilla y Aragón), se sobrepuso sobre el incaico sin destruirlo, para
garantizar la continuidad de la mano de obra en la explotación de recursos, el
ordenamiento social estamental y el pago de tributos. El primer acto “judicial”
de los conquistadores fue la lectura del “requerimiento” de sometimiento a la
iglesia católica que hizo el cura Vicente Valverde en el histórico encuentro (o
desencuentro) de Cajamarca en 1532 entre Francisco Pizarro y Atahuallpa. Al
igual que los incas, los españoles se decían escogidos por un dios superior. A
partir de allí, hay una historia de casi tres siglos de atropellos en los que
la iglesia y el poderío militar de España fueron de la mano contra los nativos
de América del Sur.
Con su enorme influencia el virrey Toledo separó
jurídicamente la república española del sistema comunitario de los indígenas,
destinados a permanecer en áreas rurales. Hábilmente, el poder colonial se alió
a la nobleza indígena que siguió gozando de privilegios, como la exención de
impuestos. Los jatunruna, la mayoría de indígenas, siguieron sometidos
al vasallaje que ya conocían de los incas “socialistas”.
El mestizaje hizo cambiar algunas cosas
progresivamente, ya que los mestizos (al igual que los mulatos) tenían derecho
de vivir en las ciudades en lugar de quedar confinados en las “reducciones”
para ser evangelizados. “Desde el punto de vista jurídico, la República de los
indígenas mantuvo su gobierno local, permitiendo la subsistencia y reproducción
de sus tradiciones legales en un contexto de derecho autónomo”, nos dice Molina,
quien ve el pluralismo legal como un “pluralismo instrumental”. Curacas y
caciques fueron la correa de transmisión entre el poder colonial y los
indígenas del común.
La negación actual del mestizaje con fines de
cooptación política resulta absurda ya que desde el siglo XVII existía una
política deliberada de contraer matrimonio entre españoles y mujeres de la
nobleza inca, pues a ambos beneficiaba ese tipo de alianza para ocupar puestos
estratégicos en la administración criolla.
El “derecho indiano” en las leyes de Burgos
(1512) es clave incluso antes de la llegada de los conquistadores a la región
andina. Dichas leyes que se originaron por las denuncias del obispo Bartolomé
de las Casas al emperador Carlos V, pretendían proteger a los indígenas del
maltrato y acelerar el proceso de evangelización. Reconocían las leyes y
costumbres mientras no entrasen en contradicción con los intereses de la
Corona.
La república temprana
Vemos el mismo pragmatismo de los indígenas en
el tercer capítulo que aborda la negociación entre la naciente república y la
estructura jurídica mantenida durante siglos por las comunidades. De hecho,
sublevaciones como la de Tomás Katari en el norte de Potosí, no eran contra la
Corona sino contra los abusos y la corrupción de corregidores locales.
Paradójicamente, a pesar de los antecedentes
libertarios de la Revolución Francesa y de las primeras independencias
americanas, la naciente república quiso torpemente erradicar el derecho
indiano, pero la justicia indígena se dio formas para sobrevivir. Al no
reconocer el pluralismo jurídico, el estado republicano fue más absolutista que
la propia Corona española.
Las independencias americanas se vieron
favorecidas por el resquebrajamiento del poder de los borbones y la invasión
napoleónica de España. La lucha entre realistas y patriotas independentistas en
los Andes tenía una característica que hoy muchos prefieren olvidar por
oportunismo político: el grueso de las tropas, tanto realistas como independentistas,
estaba conformado por indígenas que no se plegaron en bloque a los vientos de
liberación como quien hacernos creer. Los indígenas perseguían sus propios
fines, desmarcándose de criollos y mestizos.
El liberalismo europeo suponía que el ser
humano individual y la propiedad privada estaban por encima de la colectividad.
La “democracia representativa” no era tal, puesto que excluía a las grandes
mayorías analfabetas y a las mujeres. Frente a leyes que no los representaban,
los indígenas se replegaron al ámbito comunal donde las asambleas o los
consejos de ancianos tomaban las decisiones.
El capítulo final, “Interlegalidades y
pluralismo jurídico en el siglo XX” tiene mayor densidad teórica porque es al
mismo tiempo una revisión acumulativa de los capítulos anteriores. Aborda la
construcción del sujeto jurídico desde el “reconocimiento” (Hegel) o la
“interpelación” (Althusser) del sujeto social e histórico.
Las medidas legales de “protección” del indio
no dejaban de ser discriminatorias desde la perspectiva de la identidad, ya que
colocaban a los indios “rústicos” y “miserables” como menores de edad,
desvalidos y marginales. La solución de conflictos siguió viabilizada en el
espacio movible de la interlegalidad. La “ciudadanía” era para el poder
hegemónico, un espejismo conveniente.
En un país donde la justicia ha retrocedido
varias décadas en pocos años del gobierno del MAS, este libro llega en el
momento preciso para ayudarnos a reflexionar sobre la justicia que queremos
para todos los bolivianos, o quizás la justicia mínima a la que podemos aspirar
cuando todo el sistema parece haberse desmoronado por el oportunismo y la
corrupción.
Me viene a la mente esta pregunta: ¿Cuánto
aprendería el vicepresidente Choquehuanca si supiera leer?
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Ningún vencido tiene justicia si lo ha de juzgar su vencedor.
—Francisco de Quevedo
