La Ley de Comunicación del Ecuador ha estado estancada durante más de dos años y la Consulta Popular de mayo parece haberla condenado al olvido, ya que la pregunta 9 relacionada con la comunicación dejó en manos del gobierno del Presidente Correa (aunque por mínima votación, 45 %) la creación de un Consejo de Regulación controlado por el ejecutivo. Así decía la pregunta, que a pesar de la tendencia al “voto en plancha”, fue la menos favorecida de todas:
¿Está usted de acuerdo que la Asamblea Nacional, sin dilaciones, dentro del plazo establecido por la Ley Orgánica de la Función Legislativa, expida una Ley de Comunicación que cree el Consejo de Regulación que regule la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios, y que establezca criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
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| Fernando Checa |
Cuando estuve en Quito conversé sobre el tema con varios colegas, entre ellos Fernando Checa, Director del Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), quien ha promovido la necesidad de construir una “ciudadanía comunicativa”, pero es pesimista sobre las posibilidades de que la Ley de Comunicación se apruebe algún día: “Hay sectores democráticos y progresistas que estamos buscando el diálogo con los sectores que se open a la Ley de Comunicación, pero será difícil llegar a consensos”.
El proceso de discusión de la ley comenzó con muy buenos auspicios durante la Asamblea Constituyente en Montecristi, en 2008, que a juicio de José Ignacio López Vigil, director de la organización Radialistas Apasionados, fue la etapa más positiva:
“Allí se lograron artículos como el 16, 17, 18 y otros, que son buenos no solamente porque prohíben monopolios y oligopolios, sino porque por primera vez se les da a los medios públicos y comunitarios un status a la par que el de los medios privados, y se defiende como un derecho la comunicación y el acceso en igualdad de condiciones a los tres sectores: privado, público y comunitario”.
Además de sumar artículos sobre la libertad de expresión y sobre el acceso a la información pública, como resultado de la nueva Constitución de Montecristi se aprobó una disposición transitoria para realizar una auditoría de las concesiones de licencias a las estaciones de radio y televisión, cuyo objetivo era auditar las frecuencias otorgadas entre el año 1995 y el año 2008.
“Allí descubrimos lo que prácticamente todos ya sabían –dice López Vigil, quien participó en la auditoría- que había unas 500 frecuencias ilegales, ilegítimas, que habían sido entregadas discrecionalmente sin un proceso adecuado. Lamentablemente, se entregó la auditoria hace un año y medio y luego no ha pasado nada hasta el día de hoy”.
En la Constitución de 2008 se mandata que en máximo 360 días debía aprobarse una nueva Ley de Comunicación. Se conformó en la Asamblea Nacional una mesa ocasional sobre comunicación para redactar la ley, pero entonces comenzaron los problemas que empantanaron el proceso.
Para José Ignacio López Vigil el primer problema fue “la ineptitud de la presidenta de la mesa ocasional, que realmente de comunicación sabía tanto como yo de astronáutica. El segundo problema fue que se politizó tanto esa mesa, que con 6 votos de Alianza País y 5 de la oposición, no había voluntad política de ninguno de los dos para llegar a acuerdos”.
Un tercer problema señalado por el especialista en comunicación fue que la mesa recibió “una pésima asesoría de políticos que no tenían ninguna voluntad de democratizar el proceso”, a la par de un desconocimiento deliberado de las buenas asesorías internacionales, con mucha experiencia en el tema, “cuyas recomendaciones no fueron tomadas en cuenta porque no hubo voluntad política de parte del gobierno”.
Si bien la polarización entre el gobierno de Correa y los medios masivos privados fue el principal ingrediente en el estancamiento de la discusión de la Ley de Comunicación, parte de la responsabilidad reside también la sociedad civil, que no tuvo capacidad de articular una propuesta consensuada.
Se organizó el Foro de Comunicación, que comenzó a hacer propuestas desde que se instaló la Asamblea Constituyente en Montecristi, y por otra parte el Colectivo Ciudadano de la Comunicación, que se gestó alrededor de la convocatoria de CIESPAL. Lamentablemente no pudieron ponerse de acuerdo.
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| José Ignacio López Vigil |
“Ambas iniciativas fueron muy válidas y las dos buscaban acercamientos para no terminar con dos propuestas diferentes” –afirma López Vigil; sin embargo, añade: “los intentos para que ambos grupos trabajaran como uno solo no prosperaron, en parte porque el Foro de Comunicación defendía a capa y espada la titulación obligatoria para el ejercicio del periodismo”.
En los hechos, de acuerdo a López Vigil, esto significaba una negación de la comunicación popular y del derecho a la comunicación que tienen todos los ciudadanos:
“El resultado sería solamente una ley de medios, no una ley de comunicación. En el informe de mayoría lograron meter un artículo de corte gremialista donde se explicita que para redactar una noticia en radio, prensa o televisión, se tiene que contar con un título profesional de periodista. Una medida como esa acabaría con todos los medios populares, indígenas o comunitarios”.
López Vigil coincide con Fernando Checa en que al estancarse la discusión en la Asamblea Nacional lo que el gobierno pretende es “ganar en la Consulta la pregunta que tiene que ver con el Consejo de Regulación, para de ese modo controlar a los medios”.
Todo esto que pasa en Ecuador nos sirve para reflexionar en Bolivia y en otros países que luchan por el derecho a la comunicación y por una ley ciudadana que lo consagre y lo defienda.
