(Publicado en Página Siete el domingo 19 de diciembre de 2021)
Entrevista: Antonio Araníbar, excanciller de Bolivia
Desde entonces Chile (y ya no
esa compañía privada) ha utilizado las aguas del Silala sin que Bolivia haya
podido articular una política de Estado que ponga fin al abuso de un recurso
natural de nuestro país.
Puesto que el tema está otra
vez sobre el tapete a raíz de una reunión de alto nivel que convocaría
próximamente el gobierno del presidente Arce Catacora, Página Siete conversó
con el ex canciller de Bolivia, Antonio Araníbar Quiroga, durante cuya gestión
(1993-1997) se dio un giro al tratamiento del tema de las aguas del Silala.
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Entiendo que el presidente
Arce Catacora ha convocado al más alto nivel una reunión de excancilleres sobre
el tema del Silala. ¿Fuiste invitado?
El día 7 de diciembre recibí, por
medio de un correo electrónico dirigido a mi hija Lorena, la invitación del
actual canciller a una reunión de excancilleres para tratar con el presidente
Arce Catacora el tema del Silala, la misma que debía efectuarse el día viernes
10 de diciembre. Dicha invitación no venía acompañada —cuando en mi caso era
indispensable que lo fuera— con las seguridades y garantías del respeto al
Estado de derecho para el disfrute de mis derechos ciudadanos conculcados por
los gobiernos del mal llamado “proceso de cambio”, toda vez que soy objeto de
un procesamiento judicial que no respeta las mínimas normas del debido proceso
y constituye una forma vil y artera de judicialización de la política, además
de una muestra de la careta “democrática” de un régimen dictatorial que es lo
que en definitiva caracteriza a los gobiernos de Morales y Arce Catacora.
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Para los lectores que no
tienen idea del tema, ¿podrías resumir cual es el origen del conflicto entre
Bolivia y Chile por las aguas del Silala?
No es tarea fácil resumir,
pero lo intentaré. El Silala es una zona muy agreste y seca del departamento de
Potosí situada en la zona fronteriza con Chile, donde existe una aglomeración
de ojos de agua a lo largo de un perímetro bastante grande, de donde brota agua
que ha sido canalizada a principios del siglo pasado para su utilización en el
lado chileno, aunque las aguas nacen exclusivamente en el lado boliviano.
Su utilización por Chile fue
posibilitada en 1908 mediante una resolución prefectural de Potosí, con base en
la Ley de Aguas de 1906, vigente en ese momento y aún en 1997, cuando me ocupé
del tema. Esa resolución favoreció a la compañía The Antofagasta (Chili) and Bolivian
Railway Company Limited, para el funcionamiento del ferrocarril de la empresa
inglesa que tenía su sede en Chile.
El tema se desató en 1996
cuando yo estaba de ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de Gonzalo
Sánchez de Lozada que llevó adelante, como bien se sabe, el proceso llamado “de
capitalización” de empresas públicas, incluyendo a la empresa nacional
encargada del agua.
Fue ese año que El Diario de
La Paz inició una campaña periodística destinada a presionar al gobierno,
partiendo de un supuesto que atribuía una falta de ética y de probidad a los
sectores críticos al proceso de capitalización, ya que no mencionaban que se
habría establecido un acuerdo secreto con Chile para enviar a ese país gas y
petróleo boliviano, de manera contraria a los intereses de Bolivia.
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¿Quién estaba detrás de esa
campaña de El Diario?
No sé concretamente qué
personas estaban detrás, pero El Diario era el vocero que desató y desarrolló
la campaña, con la enorme fuerza que tienen los medios de información y en
particular con la que tenía ese medio en nuestro país, en aquel momento. Los
ataques estaban dirigidos en particular a la cancillería que estaba a mi cargo,
por lo que era claro que el propósito, antes que golpear solamente al gobierno
del MNR, era golpearme a mí y sacarme del juego, un viejo interés de El Diario
que nunca me dio el menor crédito o reconocimiento por las acciones que llevé
adelante. Fue siempre un crítico acerbo e implacable en sus designios, buscando
objetivos que al final no logró.
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De alguna manera, esa campaña
fue provechosa, porque provocó un pedido de informe en el Senado que derivó en
acciones que permitieron diseñar un nuevo concepto sobre el Silala en la
cancillería. En tu autobiografía “La política como opción de vida” valoras la intervención
del senador Liebers, ya que contribuyó en tu manera de encarar el tema.
Lo relevante de este episodio
es que finalmente el tema fue tratado en el Senado nacional, y allí yo desmonté
la mentira de que el proceso de capitalización pretendía construir un oleoducto
hacia Chile que habría significado una traición al país. En esa discusión que
fue de mucha altura y contenido patriótico, destacó la figura del senador de
oposición, Arturo Liebers, de Tarija (del MIR Nueva Mayoría), cuya intervención
yo reconocí públicamente, porque tuvo el acierto de señalar que no existía
ningún río en el Silala y de lo que se trataba era de una situación distinta a
la que aludían los interpelantes.
La verdad es que quienes
hablaban del Silala, los que acusaban y el país entero, no tenían idea del
tema, inclusive el Instituto Geográfico Militar, cuyos mapas contienen la
referencia a un supuesto e inexistente “río Siloli”. Así pues, incluyendo a la
propia Cancillería, todos aludían a un “río internacional de curso sucesivo”,
denominación que se popularizó a raíz del conflicto de Bolivia con Chile a
propósito del desvío por Chile de las aguas del Río Lauca y por el cual se
llegó a la ruptura de relaciones diplomáticas en 1978.
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¿Quién construyó y quien controla
la infraestructura de canales que lleva las aguas hacia Chile?
Para desviar las aguas hacia
Chile, The Antofagasta and Bolivian Railway Company Limited construyó a
principios del siglo pasado un sistema de canales de piedra en territorio
boliviano. Nadie parecía darse cuenta de que esos canales hacía mucho tiempo
que ya no servían a la empresa de ferrocarriles, pero seguían llevando agua a
Chile.
En el país se hablaba del
tema, pero nadie lo conocía, ni siquiera los más fervorosos críticos. De ahí es
que yo tomé la decisión de pedir un cuarto intermedio en la sesión congresal, y
organicé un viaje al lugar invitando a varios senadores, para hacer la revisión
in situ, donde constatamos que no se trataba de un río, y que no había
razón para hablar de un “río internacional de curso sucesivo”, y que esas aguas
eran manantiales, ojos de agua, todos en territorio boliviano. De ahí la
necesidad de la revocatoria de la resolución de 1908 y de la anulación de la
concesión, decisión que no le correspondía adoptar al gobierno central, sino a
la prefectura de Potosí.
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En tu autobiografía dices que
trabajar con Gonzalo Sánchez de Lozada no era fácil, debido a su obsesión por
los detalles, lo cual le impedía tomar decisiones oportunamente. Por ello
decidiste acudir directamente al Prefecto de Potosí, Omar Manzano, para lograr
en poco tiempo una resolución prefectural que cambió la definición y que luego
fue elevada a Decreto Supremo, sin involucrar inicialmente al presidente y a
dos ministros que tenían tuición sobre el prefecto.
En general, el estilo de
gobierno de Goni era examinar muy en detalle cada tema sobre el que tenía que
tomar una determinación, y por ello resultaba a veces difícil llegar a una
resolución en el momento oportuno. No pretendo hacer una crítica, sino a
describir cual era el tipo de relación que Goni mantenía con sus ministros, con
el gobierno y con el país. Por ello, mi decisión fue no involucrar a Goni en el
tiempo de poner en marcha una estrategia jurídica y política como la que fui
pergeñando, y entonces quise llegar a él con las cosas ya encaminadas. Siempre
conté con el apoyo de Goni justamente porque había el respeto mutuo entre
personas que pueden confiar entre sí. Ese fue el camino que utilicé.
Hay otro elemento que no
señalé en el libro, y en el que no quiero profundizar porque son terrenos poco
explorados documentalmente, me refiero a que el interés por esas aguas y su
utilización era fundamentalmente de la industria minera, tanto de Chile como de
Bolivia, de ahí que la implicación personal de Goni era más que evidente.
Entonces, había que cuidar todos esos aspectos para evitar que el tema se
enturbiara, y eso es lo que hice, y creo que lo hice no solamente con lucidez
sino con absoluto sentido patriótico. Quería evitar a gente como Carlos Sánchez
Berzaín, que jugaba roles que prefiero no calificar, a diferencia del otro
ministro, José Guillermo (Chacho) Justiniano, de gran valía intelectual,
política y humana, con quien se podía trabajar, y de hecho lo hicimos de manera
muy estrecha a lo largo de la gestión ministerial. De aquellos dos ministros
dependía el prefecto de Potosí, y por ello la importancia de que ese prefecto,
que actuó con patriotismo y determinación, fuera el que tomara la
responsabilidad de emitir esa resolución prefectural (que fue íntegramente
preparada y redactada por la Cancillería a mi cargo), y lo hizo con plena
convicción y coraje. Ese fue el rol de Omar Manzano.
- ¿Qué relación existe entre este reclamo boliviano y la
reivindicación marítima?
Esa pregunta debe ser respondida
y yo lo planteo en mi artículo: ¿Cómo, cuándo y por qué quid pro quo, se hizo por parte del gobierno de Banzer y de su
canciller Javier Murillo de la Rocha, la incorporación del tema del Silala a la
agenda binacional con Chile, cuando este era y es un tema de exclusivo interés
y responsabilidad del Estado y del gobierno boliviano? Esto es lo que no se ha
respondido y tiene que aclararse. No lo aclaró Murillo de la Rocha en el
momento de incorporar el tema en la “agenda bilateral de 13 puntos” de la que
se ufanaba, donde se introdujo el tema de la reivindicación marítima como
justificativo, cuando en el fondo ni lo uno ni lo otro se encaró nunca con
seriedad y credibilidad por ese gobierno. De modo que cuando gobiernos
posteriores pretenden hacer algo respecto del Silala, tiene que salir a la luz
el eslabón de por qué y qué es lo que se hizo con la resolución que adoptó el
prefecto de Potosí. ¿dónde está la información? No hay esa información al
alcance de la ciudadanía y de las instituciones de nuestro país.
- ¿Es realista el pedido de una indemnización por cien años
de uso de esas aguas, que tú calificas de “ilegal e ilegítimo”, aunque fue una
concesión acordada por el Estado boliviano en 1908?
La concesión fue en su momento
legal, pero la utilización que hizo Chile de esas aguas no correspondía a la
causal inicial. En ese sentido era ilegal e ilegítimo, y lo sostengo, pues no
hay razón que vincule una cosa con la otra, y la elite boliviana sabía para qué
estaban sirviendo esas aguas, y probablemente desde Chile se ocupaban de
“aceitar” y hacer marchar las cosas. Es una elite pro-chilena y anti-patriota
que ha estado vigente desde la época de la oligarquía, pero que lamentablemente
el MNR no desmontó, sino que adquirió nuevas formas y siguió vigente. Sabido es
que no pocos de los que ritualmente se llenan la boca gritando contra Chile el
23 de marzo de cada año, no son sino patrioteros que ocultan los verdaderos
problemas, ya que sobre el tema del agua transfronteriza, por ejemplo, no se ha
actuado en forma patriótica, y ahí vienen los intereses personales de
protagonismo y por supuesto toda la politiquería que se ha hecho en torno a la
política internacional con Chile.
- ¿Cómo beneficiaría a Bolivia un mayor control sobre las
vertientes? ¿Valdría mejor desviar las aguas hacia Bolivia para su uso en la
agricultura, o vender el recurso hídrico a Chile?
Es eso lo que yo había pedido
a técnicos que nos dijeran, porque no tenía ni tengo elementos de juicio para
decidir el mejor camino. Han pasado muchos años como para que la Cancillería de
Bolivia tenga una respuesta posible sobre el tema, que es de una complejidad
inmensa, y no es para que un abogado y embajador “a la carrera” —como me decían
los opositores en el afán de desacreditar mi intervención en estos temas— pueda
tener un criterio técnico, para determinar lo que debemos hacer. Eso fue dicho
en 1997, hemos tenido como país mucho tiempo para hacer algo, y no se ha
avanzado nada en 25 años. El tema es levantado de tiempo en tiempo por quienes
pretenden aprovecharlo políticamente en su beneficio personal y/o grupal.
- Si dependiera de ti, ¿cuál sería el camino diplomático a
seguir?
Hay que examinar el estado
completo de la situación, y si se tienen estudios que corroboran esta posición,
conversar con Chile sobre el tema y encontrar una solución. Este es un agravio
más de la larga lista que tenemos con Chile, pero tenemos que encararlo con una
política de largo aliento y de efectiva noción de Estado. A esto he dedicado un
pequeño libro titulado “Bolivia, Chile y Perú: hacia un futuro compartido”,
donde planteo que es absolutamente necesario incidir en eso. La posibilidad de
una integración trinacional del norte de Chile, el sur de Perú y el oeste de
Bolivia sigue pareciéndome un camino no solamente posible, sino indispensable
para nosotros. Somos los bolivianos los que debemos impulsar eso.
Paradójicamente, hubo una señal positiva en el discurso de posesión de Banzer
en 1997, ya que la parte que se refiere a las relaciones con Chile está tomada
de mi libro. El enfoque trinacional de beneficios mutuos con Chile y el Perú,
está planteado por Hugo Banzer el año 1997 en los mismos términos formulados en
mi libro, aunque lamentablemente quedó
solamente en el enunciado sin dársele contenido práctico.
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La probable victoria en Chile del candidato de izquierda
Gabriel Boric en la segunda vuelta electoral, ¿podría facilitar el tratamiento
del tema del Silala entre ambos gobiernos?
No me hago ninguna ilusión
sobre las izquierdas del socialismo del Siglo XXI que están más empeñadas en
llegar al poder y mantenerse en él a cualquier costo, y menos de un gobierno como
el que pueda surgir en estas circunstancias. Por la pugna interna y por los
intereses poderosos transnacionales que se asientan en Chile, por supuesto que
van a actuar con la lucidez y con la prepotencia que los caracteriza.
- Vives fuera de Bolivia desde hace muchos años, ¿te
consideras un exiliado?
Por supuesto que sí, soy un
perseguido político de Evo Morales y de su “proceso de cambio” entre comillas.
Hay un juicio que se me sigue, y hay mandamientos de apremio que no son
resultado de la aplicación de la ley y del estado de derecho, sino todo lo
contrario, son el resultado de la arbitrariedad, la injusticia y la impostura
del gobierno de Evo que lamentablemente continua el presidente Arce. Si hubiera
la posibilidad de un tratamiento jurídico serio, estaríamos dando la batalla en
el país, pero lo que hay con esta gente —como lo demuestra la actitud
inadmisible con el dirigente cívico Marco Pumari— es que recurren a la
violencia estatal y a un uso indiscriminado de ella para someter al país a una
dictadura, frente a la cual el pueblo boliviano con su historia de luchas
consecuentes contra las dictaduras de ayer y de siempre, se va a expresar. Ojalá
más pronto que tarde.
