Además de su obra plástica monumental y de su
compromiso con Bolivia, nuestro querido Walter Solón Romero nos dejó otro
legado: la Fundación Solón que desde 1994 se ha dedicado no solo a mantener,
conservar, exhibir y difundir en la casa-museo de la Av. Ecuador la obra de de
nuestro gran artista plástico, sino también a indagar de manera inédita la
realidad del país y aportar investigaciones sobre temas tan cruciales como el
agua.
Imbuido por la figura emblemática del Quijote
en su lucha contra la injusticia, Walter con el apoyo de su esposa Gladys
inspiraron a sus hijos José Carlos, Pablo y Walter, y a su nieto José Carlos. La
madre de este último, Elizabeth Peredo Beltrán, trajo su propia trayectoria de
lucha, sumando su experiencia a la tarea de hacer de la Fundación Solón un
centro de referencia sobre los derechos fundamentales que deben prevalecer en la
sociedad boliviana contra toda amenaza de corroer los principios y la ética
social necesaria para salir adelante como país.
Con el liderazgo de Elizabeth y ahora de
Pablo, y el apoyo de un directorio del que me honra ser parte, la Fundación
Solón ha realizado investigaciones que se han convertido en numerosas
publicaciones, ponencias en revistas especializadas y en eventos
internacionales, que dan cuenta de la seriedad con que se tratan los temas que preocupan
a la sociedad boliviana.
El más reciente aporte es la producción del
documental Cepite (2017), que aborda los
problemas que generaría la instalación de mega hidroeléctricas en las gargantas
de El Bala y El Chepete, sobre el río Beni. El film se estrenó a mediados de
septiembre y fui invitado a compartir reflexiones con el dirigente indígena
Alex Villca y con Pablo Solón.
A pesar de la “guerra del agua” y de otras
banderas que sirvieron de escalera al Movimiento al Socialismo (MAS) para
llegar al poder, y de los planteamientos pioneros que el gobierno hizo al
inicio de su gestión en escenarios internacionales en defensa de los recursos
naturales, de la madre tierra y del buen vivir, las cosas han cambiado mucho en
once años de desgaste en el poder y de autoritarismo sin precedentes.
El oportunismo económico y la filosofía
extractivista cortaron de un tajo las esperanzas de liderar la lucha por el
medio ambiente. La mediocridad de los agentes gubernamentales convirtió el
discurso en un cascarón vacío, a tiempo que abrazaba nociones del “capitalismo
andino”, sofisma de un capitalismo extractivista puro y duro que plantea
arbitrariedades como la de abrir a la explotación espacios de reserva ambiental
y cultural como el TIPNIS, o de implantar proyectos de minería, exploración
petrolera y gasífera, centrales nucleares o mega hidroeléctricas.
Si no fuera por organizaciones de la sociedad
civil como la Fundación Solón, CEDIB, Tierra, CEDLA y varias otras,
probablemente la ciudadanía estaría desinformada por el bombardeo
propagandístico del gobierno que hace ver como grandes avances lo que en
realidad son enormes riesgos para el futuro económico, social y cultural del
país.
La Fundación Solón aborda con seriedad
científica el tema de las plantas hidroeléctricas sobredimensionadas que el
gobierno pretende imponer sin consultar con la población nacional (ni local),
con el propósito enunciado de “exportar energía” cueste lo que cueste en
términos ambientales, culturales o económicos.
Este “nuevo extractivismo” es denunciado por
la Fundación Solón en el Boletín N° 100 de su revista Tunupa, donde con
profusión de datos pone al desnudo la propaganda triunfalista y engañosa del régimen
sobre una “nueva matriz energética”. Lo interesante es que los datos vienen de
la empresa italiana Geodata contratada por el gobierno y de la Empresa Nacional
de Energía (ENDE), y no son invento de alguna ONG ambientalista.
Las represas proyectadas en las angosturas del
río Beni conocidas como El Bala y El Chepete producirían inundaciones de 94 km2
la primera y 677 km2 la segunda, afectando a poblaciones indígenas,
cinco de las cuales la Constitución Política del Estado (CPE) considera
naciones con derechos propios.
Los datos son contundentes pero a veces
inasibles para la mayoría de los lectores, de ahí que la Fundación Solón encaró
la producción de Cepite que en 22
minutos se convierte en el complemento visual indispensable de la publicación
mencionada.
Una cosa es leer que en el área potencialmente
afectada hay 424 especies de flora, 201 especies de mamíferos terrestres, 652
especies de aves, 483 especies de anfibios y reptiles y 515 especies de peces,
y otra es ver en imágenes ese conjunto armonioso de selva virgen que los
indígenas tienen la sabiduría de usar y mantener sin destruir.
Cuando uno piensa los efectos que tendría el
uso de 4.700 toneladas de explosivos, la deforestación y emisión de gas metano,
la apertura de carreteras y las inundaciones, se estremece ante la temeridad de
un régimen con un doble discurso cínico, por decir lo menos.
El documental tiene la virtud de dar la voz a
las comunidades indígenas que siempre han estado allí y que serían desplazadas.
Ellas no quieren otra cosa que seguir viviendo como siempre, en armonía con su
territorio. Los ríos son sus caminos y el bosque su farmacia. Para ellas, ese
es el buen vivir que tanto cacarea el gobierno. Algunos no lo saben, pero el
agua de nuestros ríos viene en primera instancia de los bosques. La destrucción
de la selva mermaría la humedad que se condensa en las altas montañas.
Más allá de la destrucción de la naturaleza
está la deuda de 6.000 millones de dólares y la inviabilidad económica de las
mega hidroeléctricas, que no toman en cuenta la evolución del planeta. El
abaratamiento de la energía solar y eólica está haciendo que muchos gobiernos
abandonen la energía atómica e hidroeléctrica. Incluso con los precios actuales
Bolivia no podría vender esa energía hidroeléctrica porque el costo de
producción sería más alto.
A lo anterior se suma la corrupción con que el
gobierno acomete sus empresas, corrupción interna y empresarial, y corrupción
de dirigentes locales a los que soborna para validar a posteriori los proyectos
que ya ha decidido hacer, pese a quien pese.
Donde los burócratas del gobierno ven oro,
petróleo, energía eléctrica y otros bienes comerciables, los indígenas ven ríos
navegables, peces para alimentarse, plantas medicinales, aves y mamíferos que
no tienen dónde ser “relocalizados”. Como dice Alex Villca: “Los recursos
naturales protegidos tienen un valor superior a lo que ganaría el Estado
vendiendo energía”.
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Aceptar
esas represas es aceptar
la
muerte silenciosa de nuestros pueblos.
—Alex
Villca
