(Publicado en Página Siete y Los Tiempos el viernes 17 de marzo de 2023)
Que el título de mi comentario no lleve a confusiones (ni a contusiones): estamos polarizados, ya sabemos eso. Polarizados entre gobierno y oposición, polarizados entre dos grupos del MAS y quizás entre cuatro o cinco masistas con ambiciones presidenciales, polarizados en la oposición con la certeza de que habrá nuevamente una decena de candidaturas en la primera vuelta electoral de 2025 para que cada quien mida sus músculos de nuevo, como en el concurso de Míster Olympia. Estamos polarizados en las regiones, polarizados entre aimaras y quechuas, polarizados entre supuestos pobres y supuestos ricos, y polarizados políticamente en muchas familias.
Y también estamos polarizados sobre un tema de convivencia social que debería ser (pero no lo es), más sencillo: la prohibición de vidrios polarizados en los vehículos particulares.
A simple vista, la norma tiene su lógica: circular en un vehículo con vidrios polarizados ofrece mayor seguridad a sus ocupantes. En los países mejor organizados, el uso de vidrios laminados está estrictamente regulado, so pena de severas multas. Incluso se mide el grado de oscurecimiento y las ventanas en que pueden aplicarse. En Estados Unidos cada estado tiene una legislación específica que indica el porcentaje de oscurecimiento y el tamaño de la lámina. A nadie se le ocurriría violar las normas, pero en Bolivia apelan incluso a la Constitución Política del Estado para argumentar que es “un derecho”. Este es un país donde todos quieren tener derechos y nadie quiere tener obligaciones.
La norma que se quiere implantar, por muy lógica que parezca, es otra chambonada donde el propósito inicial queda derrotado por la manera de hacer las cosas. El debate ya ha hecho correr mucha tinta (y mucho dinero), sobre todo porque no se puede aplicar de manera retroactiva un decreto que contradice otras leyes y normas vigentes. Si la importación de vehículos con vidrios polarizados no está prohibida, es un absurdo prohibir su circulación. En un país ordenado, se fija un plazo de varios años para que una norma nueva entre en vigencia, no es de un día para otro.
Habría una manera más racional de extender las autorizaciones, una vez fijado el plazo: solo pueden llevar vidrios polarizados los vehículos diplomáticos y oficiales, para proteger la seguridad de sus ocupantes. Esa sería la lógica, porque de otra manera, cualquier narco o secuestrador que pague 400 Bs tendría derecho a vidrios polarizados.
Página Siete ©Victor Gutiérrez
Hecha la ley, hecha la trampa… Pagando, se puede. Como bien preguntaba un editorial en este diario, “¿400 bolivianos absuelven la sospecha? ¿Y cada dos años se reactiva la sospecha?” Como vivimos en el país del absurdo, parece que el propósito de la medida del ministerio de Gobierno no era velar por la seguridad de los ciudadanos, sino sacarles plata con cualquier excusa. Como otras normas que ha querido imponer el gobierno del MAS, esta lo ha dejado en ridículo.
Hay otro detalle. Sería lógico pensar que vehículos diplomáticos y oficiales tengan derecho a vidrios polarizados, siempre y cuando lleven las placas correspondientes. Pero resulta que en Bolivia hace muchos años ya desaparecieron las placas de vehículos oficiales. En el festín de comprar lujosas camionetas Toyota para las instituciones del Estado, desaparecieron las placas amarillas y verdes que antes distinguían a los vehículos oficiales.
Página Siete ©Víctor Gutiérrez
Ahora es imposible distinguir si un vehículo es oficial, porque los jerarcas de la función pública los utilizan como vehículos privados, inclusive durante los fines de semana, para ir al mercado o de paseo. En algún momento se debería hacer una auditoría de cuántos vehículos compraron los gobiernos del MAS, para ser utilizados de la manera más arbitraria por diputados borrachos que los chocan (y no pagan los daños) o por un expresidente del MAS que dispone que su novia menor de edad tenga derecho al combo: vehículo + chofer (hasta que se hizo la denuncia). Esos dos entre muchos otros ejemplos dignos de Ripley.
El Estado está patas arriba en cosas grandes y en cosas chicas, porque los escándalos ya son parte de nuestro cotidiano y las diversas formas de corrupción (malversación, estelionato, uso indebido de bienes del Estado, pedofilia, tráfico de influencias, prevaricato, falsedad documental, etc.) han sido instauradas en los hechos como las nuevas normas no escritas.
Ya nada nos sorprende, entonces ni siquiera es necesario que los delincuentes se escondan detrás de un vidrio polarizado.
