29 junio 2022

Cangrejo ermitaño

(Publicado en Página Siete el sábado 14 de junio de 2022)

 En francés suena poético: Bernard-l’hermite. La traducción al castellano es más prosaica: cangrejo ermitaño. Se trata de un minúsculo crustáceo rojizo con cinco pares de patas, un vagabundo de las playas, que se apropia de caracolas vacías para hacer su morada y esconderse. Suele caminar con su casa adoptiva a cuestas, hasta encontrar una más grande.

 Me acordé de este cangrejo que observé en playas de Francia cuando leí sobre los intentos de Arce Catacora para apropiarse del cascarón vacío del Partido Socialista 1, con la mirada puesta, desde el inicio de su mandato, en las elecciones generales de 2025, en las que aspira arrebatarle el trono al cacique del Chapare y la esquina de la plaza Murillo al pajpaku del tiempo invertido.

 El Partido Socialista 1, como todos saben, tuvo como gran líder a Marcelo Quiroga Santa Cruz y en pocos años alcanzó notables resultados en sucesivas elecciones presidenciales (8,71% en 1980), hasta que el dirigente socialista fue asesinado por paramilitares durante el golpe del general García Meza, el 17 de Julio de 1980.

 Paradójicamente, el régimen del MAS que encabeza Arce Catacora, se ha negado hasta ahora a desclasificar los archivos de las dictaduras militares, pero usa y abusa la memoria de Marcelo, como los avasalladores que clavan sus estacas en un terreno que no les pertenece, hasta que una avalancha se lleva sus carpas o chozas.  

 Del PS1 no queda nada. Desapareció el año 2002, luego de las elecciones legislativas en las que perdió su personería jurídica, pero ahora el oportunista “presidente” que aparece ocasionalmente por el palacio de gobierno pretende revivirlo utilizando como aliado interno a Walter Vásquez Michel. El “manzanita”, como se conocía es un ex militante de la Falange Socialista Boliviana, convertido al socialismo en triple voltereta y salto mortal, y a partir de entonces muy cercano a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Hoy no es sino una sombra de momia articulada a la que se traslada cada vez que el gobierno organiza algún evento del PS1.

 Los que fueron verdaderos militantes y dirigentes del PS1, como Roger Cortez, ni siquiera recuerdan a Arce Catacora, aunque el ex ministro de Finanzas de Evo Morales hace esfuerzos para vestir una camisa roja y aparecer en primera fila en los actos de un partido inexistente. Nadie que haya estado cercano como militante o espectador, recuerda que el burócrata funcional a todos los gobiernos neoliberales anteriores al masismo, haya sido siquiera simpatizante del PS1. Me precio de haber conocido a Marcelo y a otros dirigentes y militantes del PS1, pero jamás vi a Arce en ningún lado. Si fue un simpatizante distante, lo tenía bien guardado hasta que vio la conveniencia de inventarse una militancia que no es otra cosa que una impostura oportunista.

 Según me informa San Google, el cangrejo ermitaño terrestre tiene la particularidad de alimentarse de cualquier cosa: cadáveres de animales terrestres y pescados, excrementos, frutas podridas, y todo tipo de deshechos naturales. Pertenece por lo tanto a la categoría de los detritívoros, también llamados saprófagos, que se alimentan de materia orgánica en descomposición. Qué mejor definición.

 Lo que se viene está cantado. Seremos espectadores de una interesante pugna en el interior del Tribunal Supremo Electoral, alineado con el MAS, donde la facción pro-Chapare y la facción palaciega se disputarán para otorgarle o negarle la personería jurídica al difunto PS1, para que pueda (o no) renacer de sus cenizas como ave Fénix, o más bien como taparancu malagüero. El problema estará en la recolección de firmas, pues no podrían firmar los que ya estén registrados en el MAS. Tendrán que buscar militantes nuevos o pedir a los simpatizantes de la línea palaciega, en su mayoría funcionarios de instituciones estatales, que se desafilien del MAS para afiliarse al Partido Socialista.

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Il est temps que je déménage.
Je suis devenu trop gros pour cette petite coquille.
—Eric Carle (La maison du bernard-lhermite


25 junio 2022

666: la marca de la bestia

(Publicado en el suplemento Ideas de Página Siete el domingo 5 de junio de 2022)

 Desde las escrituras del Apocalipsis, pasando por traducciones del griego y emperadores romanos sanguinarios como Nerón, la cifra 666 ha estado rodeada de interpretaciones asociadas al mal, a la perversidad, al poder que se ejerce sobre los pueblos de manera implacable y cruel. En el lenguaje popular, el 666 es la marca de la Bestia, es decir, la marca de Satanás, el demonio.

 Me ha venido a la mente esa historia que se remonta a la antigüedad, al conocer en días pasados el “Informe de situación 2021” que acaba de publicar la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS), cuyo proyecto de organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos ha indagado una vez más sobre las “condiciones de entorno en el que las organizaciones de la sociedad civil desarrollan su acción en Bolivia”.

 Una vez más, se trata de un informe revelador, resultado de una auditoría permanente sobre las violaciones y vulneraciones de los derechos humanos en la sociedad civil. Las fuentes de esta meticulosa investigación son 25 medios de información, así como los datos proporcionados por las propias organizaciones de la sociedad civil y las denuncias presentadas al Observatorio de Defensores de Derechos de UNITAS, en el marco de un excelente programa financiado por la Unión Europea, que se rige por la metodología de CIVICUS, quizás la más importante red internacional de instituciones de la sociedad civil.

 En ese informe aparece la cifra 666 como una marca ominosa del abuso de poder. Si en la antigüedad fue el sello que se imprimía en monedas y documentos para recordar el perfil de los césares, hoy señala el oprobio de un régimen de intolerancia y persecución del pensamiento libre e independiente. Por ello es un informe que hay que leer detenidamente, revisar con avidez, porque revela lo que se está viviendo en Bolivia y nos invita a darlo a conocer ampliamente dentro y fuera del país. Quizás sobre todo en el nivel internacional, donde todavía hay quienes piensan que la democracia en Bolivia se traduce en libertades individuales y colectivas, cuando este informe demuestra lo contrario.

 Si en el año 2020 hubo 232 casos de violaciones a las libertades, en 2021 se documentaron debidamente 666 vulneraciones, de las cuales 429 (64 %) corresponden al derecho a la protesta, 71 (11 %) a la libertad de expresión, 67 (10 %) a la libertad de prensa y 62 (9%) a la institucionalidad democrática.

 Una cosa es vivir el día a día de la represión, las presiones, la censura, las amenazas, y otra es ver esos hechos reflejados en cifras y en informes respaldados por información que recogen los medios, por valoraciones que hacen expertos y por denuncias que si bien no abarcan todos los casos, al menos gran parte de ellos.

 En cada capítulo del informe hay una radiografía completa y desmenuzada por categorías. No tiene sentido repetir aquí los acápites del informe, que puede ser consultado en la página web de UNITAS, pero como ejemplo podemos tomar el que nos concierne de más cerca: la libertad de expresión.

 De las 71 vulneraciones a la libertad de expresión, 28 están relacionadas con la estigmatización de los trabajadores de los medios, 11 casos de amenazas directas, y otros vinculados a la censura previa, a presiones, a intimidaciones, atentados contra el discurso de interés público o la criminalización de ejercicio profesional, entre otros.

 Tan acostumbrados estamos a recibir amenazas por los artículos que publicamos, que ni siquiera los reportamos. Este informe me hace pensar que debo hacerlo la próxima vez que reciba insultos y amenazas, por lo general anónimas, provenientes de los “guerreros digitales” pagados o de militantes del oficialismo, que pretenden acallarnos. No cabe duda de que si todos los que ejercemos públicamente el derecho a opinar denunciáramos oportunamente las amenazas que recibimos, la cifra podría elevarse significativamente. Nosotros mismos, al no hacerlo, nos convertimos en cómplices del silencio sobre las vulneraciones.

 Todos los casos reseñados en el informe están documentados en detalle, y ver el conjunto en una sola publicación nos hace más conscientes de la gravedad de las vulneraciones de derechos humanos en Bolivia. Y eso que el informe cubre apenas una parte de las violaciones, y no aborda en detalle temas de corrupción y transparencia, tierra y territorio, medio ambiente o persecución política disfrazada de procesos judiciales, como es el caso de la expresidenta Añez.

 Todas las normas de respeto a la convivencia democrática y al ejercicio de las libertades se han torcido para ejercer el poder con violencia física o verbal. Quienes ostentan cargos en el Estado no se consideran servidores públicos, sino autócratas con poderes ilimitados sobre las personas y sobre las instituciones y organizaciones de la sociedad civil, que son víctimas de agresiones permanentes.

 La institucionalidad democrática está herida profundamente con esa marca de la Bestia que no conoce límites porque controla todos los poderes del Estado. La libertad de asociación o los derechos de los defensores son violados permanentemente. Un caso emblemático son las amenazas constantes que recibe Amparo Carvajal, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), y la institución que ella conduce con mucha valentía, a pesar de los intentos de régimen de crear organizaciones paralelas.

 La importancia de un informe como este trasciende la coyuntura actual. Si bien nos ofrece un panorama bastante apabullante de las vulneraciones ocurridas durante el año 2021, también queda como un elemento de memoria que tendrá importancia en el futuro para medir las consecuencias de un periodo oscuro para la vida democrática de Bolivia.

 Las organizaciones de la sociedad civil que representa UNITAS y muchas otras que han sido incluidas en este informe, sufren constantemente presiones de todo tipo para entorpecer su trabajo social. A través de disposiciones legales y exigencias administrativas, se trata de desmantelar a estas organizaciones. Hay más de 600 que están con los trámites trancados para adecuar su personería jurídica a las nuevas disposiciones del régimen, que se ha ocupado de inventar nuevas reglas del juego para ejercer un mayor control.

 Ya tuvimos hace años el caso de la expulsión del país de Ibis, la ONG europea que hacía un importante trabajo en Bolivia, pero que irritaba al poder. No podemos excluir la posibilidad de que esto vuelva a suceder y de que se afecte también a instituciones bolivianas. Las presiones y amenazas del gobierno podrían escalar para llegar a la situación de Nicaragua, donde 82 instituciones de la sociedad civil han sido clausuradas este año luego de presiones y persecución de sus miembros.

 La máxima que expresó Lord Acton en una carta a un obispo anglicano, parece aplicarse a Bolivia y a otros países de nuestra región con regímenes autoritarios: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

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En una democracia, la mayoría de los ciudadanos es capaz
de ejercer la más cruel represión contra la minoría.
—  Edmund Burke     


20 junio 2022

Una tradición renovada

(Publicado en el suplemento Ideas de Página Siete el domingo 3 de abril de 2022) 


La chimenea en la casa de las Flaviadas

 El crepitar de la leña seca que arde en la chimenea de la casa se confunde con el sonido del rasguño de la aguja sobre los discos de vinilo. Solo la música se escucha en medio de un silencio cómplice. Entre los asistentes, algunos mantienen los párpados cerrados y otros fijan la vista en un punto indeterminado del espacio. No es solo una oportunidad para escuchar música, sino para mirar hacia adentro en un ejercicio de introspección. Cuántos pensamientos fluyen adentro de cada quien en esta comunión musical.

 Aunque las Flaviadas han cumplido 100 años en Bolivia, el sábado 26 de marzo fue muy especial porque se abrieron de nuevo sus salones para una celebración presencial de la música, luego de dos años de pandemia en los que la música, la chimenea y la voz de Eduardo Machicado se trasladó a internet, para beneficio de oyentes no solo en Sopocachi, en La Paz, en Bolivia, sino en cualquier lugar del mundo.

Eduardo Machicado

 Todavía me sorprende que hayamos sido solamente 21 personas en el retorno a las sesiones presenciales, incluyendo al anfitrión, luego de dos años de ausencias y desapariciones muy sentidas. Lo que para muchos de nosotros constituye un ritual (más allá de la posibilidad de escuchar a los grandes clásicos de la música occidental), para otros es un resabio nostálgico dado que ahora se puede escuchar música en la computadora o en el celular, conectando de manera inalámbrica al equipo amplificador que uno pueda acceder de acuerdo a su bolsillo. Eso piensan sobre todo las nuevas generaciones, donde la música resuena entre los dos parietales y no constituye un fenómeno compartido, un hecho de comunión y comunicación.

 No importa. La tradición renovada de Las Flaviadas contará siempre con un grupo privilegiado de amantes de la música y memoriosos de nuestra cultura urbana, que llegarán puntuales a las 18:30 cada sábado a aquella puerta pequeña pero mágica que se abre a todos, sin discriminación, en la Avenida Ecuador de La Paz.

 Y aquello que muchos no entienden es que el conocimiento se construye a través de las relaciones humanas y que no debe confundirse con la mera información. Las nuevas generaciones reciben miles de estímulos audiovisuales durante una jornada cualquiera, pero tienen poca capacidad de integrar esos pedacitos de información en el tejido de las relaciones sociales, de la memoria y del conocimiento.  

 Y todo comenzó en un verano hace 106 años…

 “Una noche calurosa en Boston en 1916, al terminar de saborear uno de mis discos de pasta en la ventana de mi cuarto, me sorprendió una ovación cerrada: mis vecinos, habían disfrutado de aquel momento en completo silencio… Podría considerarse la primera Flaviada”, contaba don Flavio Machicado Viscarra a quien tuve el honor de conocer y de acompañar en alguno de sus elegantes paseos por el Prado de La Paz, siempre impecablemente vestido de traje con una corbata mariposa.

 A pesar de ese primer hecho fundacional, Las Flaviadas comenzaron “oficialmente” en Bolivia en el año 1922, como “una actividad dedicada a promover el amor por la música universal”. Hacia 1938, después de la Guerra del Chaco, las sesiones fueron tan exitosas que la casa se convirtió en un espacio abierto a todo público, donde asistían personas sin invitación de ninguna clase. Desde entonces, los amantes de la música clásica occidental disfrutan todos los sábados una hora y media de cultura y complicidad. A las sesiones de don Flavio Machicado asistieron personajes de la vida política y artística de La Paz, notables por su vida y por su obra, como Óscar Cerruto, Marina Núñez del Prado, Yolanda Bedregal, Marcelo Quiroga Santa Cruz, Walter Montenegro y Cecilio Guzmán de Rojas, entre otros.

 Esa tradición afianzada a través de tantas décadas hizo que en 2014 el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz declarara a Las Flaviadas como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad, una forma de contribuir a su preservación y fortalecimiento.

 La colección de música cuenta con 8000 títulos entre discos de 78rpm, 45rpm y 33rpm (lo que llamábamos “long play” cuando éramos jóvenes), además de 500 CDs. Cada sesión sabatina alterna grabaciones en vinilo con aquellas en CD.  Cómodos sillones han sido dispuestos alrededor del salón, para que melómanos de toda edad se sientan (y sienten) a sus anchas.

Eduardo Machicado

 La pandemia ha fortalecido en algunos sentidos la tradición de las Flaviadas y en otros aspectos la ha debilitado. Sin duda su alcance es ahora mayor gracias a las nuevas tecnologías que llegaron para quedarse. La capitana de esa transformación es Cristina Machicado con un grupo de jóvenes entusiastas, mientras que Eduardo Machicado se mantiene en ese rincón secreto que nadie más puede ocupar, donde hace malabarismos con los discos y bajo una lamparita lee los textos de presentación que prepara cuidadosamente cada semana.

 La presencialidad es sin duda una gran reivindicación de las Flaviadas, porque aún sumidas en el silencio, las personas que acuden a esa sala hogareña de la familia Machicado Saravia se sienten unidas por un hilo de la memoria que trasciende el tiempo y evoca a miles que los precedieron. De ahí que la pandemia debilitó durante dos años el sentido de comunidad de las Flaviadas, que ahora se acaba de recuperar con un ambiente remozado, un jardín de ingreso convertido en una galería fotográfica, y una pequeña estación de bioseguridad para que todos los asistentes cumplan las normas y se sientan más cómodos.

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La música es la aritmética de los sonidos,
como la óptica es la geometría de la luz.
—Claude Debussy

17 junio 2022

Parábola de una carrera

(Publicado en Página Siete el sábado 28 de mayo de 2022)

 Los temas locales suelen ser considerados secundarios en las columnas de opinión, comparados con los temas de importancia nacional o internacional. Sin embargo, a todos debería importarnos lo que nos sucede de cerca, en el barrio y la ciudad donde vivimos. Cotidianamente soportamos estoicamente el ruido irracional de las bocinas y alarmas de autos, la basura tirada en las esquinas, los ríos como cloacas o el tráfico sin regulación.

 Hoy me voy a referir a la convocatoria para la carrera 4k de la Alcaldía en la zona sur de La Paz. Mi primera reacción fue “no lo puedo entender” (como solía decir el cacique destronado). Sin embargo, luego de analizar el tema, sirve de parábola porque expresa la improvisación del primer año de gestión, que se ha cumplido recientemente, en el Gobierno Autónomo Municipal.

 La convocatoria a una carrera de 4 kilómetros llama la atención porque, como norma internacional, las carreras pedestres suelen ser maratón (42K) , media maratón (21K), 10K o 5 K. ¿Por qué 4K? Quizás porque no quieren llegar hasta el parque Bartolina Sisa, ya que ese recorrido ha sido descuidado por la Alcaldía desde que ocurrió el derrumbe en Amor de Dios a principios de agosto de 2021. Cuando ocurrió ese desastre, invadieron el corredor peatonal para abrir el tránsito de vehículos, y luego lo abandonaron con polvo y barro, aunque se podía haber aprovechado esa oportunidad para renovar el trayecto, que es uno de los pocos que tenemos para trotar o caminar en la zona sur.

 Lo que más sorprende en la convocatoria son las categorías de edad, divididas de manera tan arbitraria que confirma que es gente improvisada la que planifica. La mayoría de las asociaciones de atletismo internacional reconoce estas categorías: menores de 14 años, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 en adelante. Es decir, cada diez años. Pero en Bolivia la categoría “juvenil” abarca solamente a personas de 17 y 18 años. La categoría de “mayores” se extiende de 19 a 35 años, otra arbitrariedad, pero no tan jocosa como la que sigue: los “sénior” serían los de 36 años para adelante. No existe la categoría de “adulto mayor”, los mayores de 60 años tendríamos que competir en la misma categoría de nuestros hijos.

 Lo anterior indica desconocimiento de la Ley No. 369 del Adulto Mayor, y de la Ley No. 342 de la Juventud (de 16 a 28 años). Si no se quiere establecer categorías cada diez años, al menos debería existir una para los adultos mayores, al fin y al cabo, estamos hablando de apenas 4 kilómetros, no 42. ¿En qué están pensando los genios de la Alcaldía?

 Lo que precede es una raya más al tigre en una gestión que va dando tumbos porque la politiquería parece caminar (o trotar, ya que estamos) por delante de la racionalidad de las decisiones. La propaganda de que “el alcalde inauguró más de una obra por día” como había prometido, no significa nada si se cuentan en esa cifra los bacheos de calles y otras acciones menores que son parte de las obligaciones establecidas. 

 La miopía política y un prematuro lanzamiento electoral hace que no se estén planteando nuevas obras de envergadura, con la manida coartada de que no hay dinero y de que se van a ahorrar centavos despidiendo gente y cerrando servicios (para luego argumentar que la alcaldía no hace más porque carece de personal).  

 Si así seguimos, viviremos un día a día cada vez más preocupante: siguen levantándose construcciones ilegales alentadas por una ley de “regularización” demoledora para la ciudad, pero no para los constructores tramposos. Siguen los avasallamientos, el caos vehicular, los ríos de la ciudad envenenados, la infinidad de cables que saturan los postes, la basura dispersa en las calles, y la delincuencia de toda especie.

 Las normas no se aplican o se tuercen debido a la corrupción que reina. Las obras que dejó sin terminar la gestión anterior siguen con retraso. Se anuncia una fecha de inauguración, luego otra, y más tarde otra. No hay respeto por el calendario y le suelen echar la culpa a la temporada de lluvias, como si no supieran que se repite cada año.

 Si como ciudadanos no protegemos lo que está más cerca de nuestra vida cotidiana, nuestra esquina y nuestro barrio, poco podremos hacer por aquellos grandes temas que afligen al país.

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Los aplaudidores demagogos son aún más peligrosos
y despreciables que los fundamentalistas. Al menos éstos tienen fe.
—Arturo Pérez Reverte 


13 junio 2022

Fiscales con prontuario

Este texto no ha perdido actualidad. Los que eran fiscales son ahora jueces en uno de los casos más emblemáticos de injusticia, montado para proteger al expresidente autor del fraude electoral.

(Pubicado en el suplemento Ideas de Página Siete el domingo 21 de marzo de 2021) 

 En Bolivia, cuando uno cree que ha tocado fondo, se abre una compuerta debajo que cae verticalmente a un nuevo nivel de ignominia para el país y de desazón para sus habitantes. Uno no sabe si sorprenderse o engrosar el cuero frente a semejantes arbitrariedades.

Fiscales corruptos, hoy jueces

 No olviden los bolivianos estos nombres: Omar Mejillones, Lupe Zabala, Rudy Terrazas y Harold Jarandilla. Esa es la “comisión de fiscales” que ha llevado a la cárcel —sin pruebas, a la ex presidenta constitucional Jeanine Añez, a varios de sus ministros y a otros ciudadanos acusados de “golpe de Estado”, “terrorismo” y otras sandeces. Debería llamarse “coimisión”, por la trayectoria de corrupción. Por sus antecedentes, todos deberían ser recusados.

 Gracias a su prontuario han sido escogidos para atacar como mastines las leyes y los procedimientos judiciales que deberían aplicar. Basta revisar internet para encontrar el historial de estos fiscales indignos, cuyos nombres la población debe conocer para que no se escondan a la sombra de quienes tiran la piedra, pero no dan la cara.

 La podredumbre en el sistema de justicia de Bolivia empezó con la maniobra que impuso el MAS en 2017 con las Elección Judiciales. Todos los candidatos fueron aprobados por la mayoría masista en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de modo que no quedaba duda sobre sus simpatías políticas. Ante esa situación, la consigna de votar nulo o blanco fue una muestra de repudio de la población boliviana hacia la autocracia de Evo Morales: más del 75% de la población prefirió votar nulo y blanco antes que ceder a la trampa de elegir a magistrados afines al MAS, electos por una minoría de votos ciudadanos, por lo que carecen de legitimidad.

 La corrupción judicial se explica por el grado de descomposición del régimen autocrático de Evo Morales, donde la única justicia buena es la que puede controlar y manipular. Esto es fácil cuando se cuenta con jueces y fiscales que no esperan sino la oportunidad de corromperse.

Lima-limón, el Torquemada

 Mientras los fiscales y una jueza decidían encarcelar sin proceso a las exautoridades nacionales y perseguir a otros ciudadanos que no aceptaron el fraude electoral de Evo Morales en 2019, el presidente Arce Catacora desapareció completamente durante una semana, al extremo que algunos memes exhibían su foto con este letrero: “Se busca. Fue visto por última vez haciendo campaña con las vacunas”.

 En efecto, con el primer lote de 20 mil vacunas rusas llegadas a Bolivia, Arce emprendió una gira por todo el territorio nacional, tomándose fotos mientras miraba con aire interesado cómo el personal de salud ponía y recibía esa pequeña muestra de vacunas que no alcanzó ni para el 3% de los médicos y enfermeras de primera línea. Las redes de propaganda gubernamental publicaban esas fotos con titulares sensacionalistas: “Comenzó la vacunación masiva”, cuando en la realidad una simple operación aritmética podía comprobar que no existía tal masividad, y que la propaganda se destinaba a obtener votos en las elecciones sub-nacionales.

 Inmediatamente después del domingo 7 de marzo, cuando cerraron las urnas y empezó el conteo de votos mostrando la derrota del MAS, Arce desapareció de todos los radares, y cuando volvió, después de desatada la represión que anunció desde el Chapare Juan Ramón Quintana (el exmilitar y operador político de Evo Morales), el presidente no hizo comentarios de ninguna clase. La verdad es que, ya que no gobierna, no tendría mucho que decir.

 Los fiscales que ahora se convierten en feroces inquisidores y se pasan por el arco las normas que rigen en los procedimientos judiciales, tienen cola de paja.

Lupe Zabala

 Las damas primero: Lupe Zabala. Esta señora fue acusada de prevaricato en junio de 2019, junto a los fiscales Samuel Lima, Ronald Chávez, Mario Germán Rea y Willy Rojas, pues todos ellos archivaron sin mayor trámite ni investigación, la acusación que pesaba sobre dirigentes de la Federación Departamental de Choferes 1ro de Mayo, que recibieron en sus cuentas personales al menos 11,9 millones de Bolivianos provenientes de la recaudación por peaje en la autopista La Paz a El Alto. El escándalo estalló cuando los diputados Wilson Santamaría y Rafael Quispe interpusieron una denuncia penal por “apropiación indebida de bienes, malversación de fondos, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado”. Aunque el gobierno y los propios choferes reconocieron los hechos, los fiscales no investigaron nada, solamente argumentaron que no había “elementos constitutivos de los tipos penales endilgados por la parte denunciante y querellante que permitan fundar una eventual imputación”.

Rudy Terrazas

 Vamos con el siguiente: Rudy Terrazas. Su prontuario se remonta a marzo 2015 (o quizás antes). Fue acusado de irregularidades cuando era fiscal de Viacha y pidió la prisión preventiva para el periodista Carlos Quisbert por una supuesta obstrucción a la justicia en el caso del bebé Alexander. 

El entonces Fiscal General, Ramiro Guerrero, dijo que se había abierto una investigación sobre Rudy Terrazas, pero eso no llegó a nada. Basta ser afín al MAS para que esas investigaciones queden sin sanción y la gente se olvide. Ahora el fiscal vuelve a sus andanzas. 

Harold Jarandilla

No tiene mejores credenciales Harold Jarandilla, una verdadera “ficha” por sus actos de corrupción. En diciembre de 2015 este fiscal que llevó adelante la investigación sobre la muerte de la periodista Hanalí Huaycho, fue acusado de presunta extorsión, después de que habría exigido el pago de 1.000 dólares por audiencia a un hombre sindicado de violencia psicológica, según aseguró la abogada Roxana Paz. En julio de 2016 Jarandilla fue destituido como fiscal en El Alto por maltrato a litigantes. En octubre del 2020 este fiscal archivó la acusación que pesaba contra Jesús Vera por actos de terrorismo que causaron la quema de 64 autobuses PumaKatari (que se encontraban guardados en Chasquipampa), y la casa del ex rector de la Universidad Mayor de San Andrés, Waldo Albarracín. Tan escandalosa fue la decisión de Jarandilla, que el Fiscal Departamental Marco Cossío decidió reabrir los casos. Sin embargo, a la fecha Jesús Vera sigue libre, y Jarandilla no ha sido sancionado, más bien premiado.   

Omar Mejillones

 En cuanto a Omar Mejillones, en junio de 2018, la Fiscalía admitió una denuncia por extorsión contra el fiscal Mejillones que aparece ebrio en fotografías en la casa de uno de los litigantes de un proceso judicial. El diputado Rafael Quispe denunció a Mejillones ante el Fiscal General por corrupción y extorsión a clientes de la cooperativa de ahorros Santa Samaritano. Quispe explicó que el fiscal denunciado pidió dinero a los clientes para la anotación preventiva de los bienes y para imputar a los ejecutivos de la cooperativa.

 Pareciera que todos estos fiscales que ahora toman decisiones arbitrarias en el llamado “caso golpe de Estado”, tienen un prontuario que justificaría que estén ellos tras las rejas, y no las personas a las que acusan sin pruebas. Pero esa es la característica del MAS: hay que tener prontuario criminal para ser bien visto por Evo Morales. 

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La peor forma de injusticia es la justicia simulada.
Platón