Se apagó el año 2015 y durante ese año debía
también producirse en varios países de nuestra región el tantas veces anunciado
y siempre retrasado apagón analógico. La Televisión Digital Terrestre (TDT) enfrentó
el reto de remplazar de una vez por todas a la televisión analógica pero no lo
logró, a diferencia de los países europeos que de manera escalonada desde el año 2007 ya tomaron los pasos necesarios para completar la transición de los sistemas analógicos a los digitales.
Lo fácil para los gobiernos populistas latinoamericanos es decir “ya empezó la transición” (como han hecho casi todos), pero lo difícil es ratificar seriamente qué año se producirá el apagón analógico definitivo. La demagogia típica de esos gobiernos hace que desde el año 2010 hayan anunciado que “empiezan” la
transición a la televisión digital, pero los pasos que han dado demuestran que
no entienden el tema y que no están preparados para esa conversión.
Me encontraba en México el 17 de
diciembre cuando el gobierno apagó el interruptor. No fue un proceso fácil ni estuvo exento de
errores, pero ya se hizo. Una campaña publicitaria lo venía anunciando desde
hace meses en los lugares públicos, no solamente para que la población lo
supiera, sino ofreciendo información y asistencia técnica y financiera a través
de teléfonos de contacto. Con todas las críticas que se le pueda hacer al Estado mexicano, la transición se produjo en todo el país a lo largo de varios años, hasta culminar el último día del año 2015.
El gobierno federal mexicano distribuyó
14 millones de receptores digitales de televisión, y en los mercados se
vendieron por cientos de miles los adaptadores que permiten transformar la señal
digital en señal analógica, de manera que quienes poseen un televisor antiguo
puedan ver la programación, aunque no será con calidad digital.
Grupos ciudadanos se organizaron para que la entrega de televisores a las familias de bajos ingresos no se utilizara políticamente. Es un hecho que la entrega de obras en México está normada para limitar las apariciones públicas de funcionarios del gobierno entregando obras como si fueran regalos de los servidores públicos: "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda Prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa". Está prohibido que el nombre del presidente aparezca, aunque por supuesto los gobiernos se dan mañas para violar la reglamentación.
La diferencia con Bolivia es tajante, ya que en nuestro país la foto presidencial aparece en toda entrega de obras, como si el primer mandatario hubiera financiado esas obras con sus ahorros personales y no con recursos públicos y dinero de los contribuyentes.
Muchos de los televisores distribuidos gratuitamente en México aparecieron en casas de empeño o fueron revendidos tan pronto los entregaron,
así suele suceder cuando no existe una planificación adecuada y cuando la corrupción se introduce en la cadena de ejecución.
Uno de los
expertos en el tema, Gabriel Sosa Plata, considera que la transición mexicana
fue exitosa porque “las propias televisoras, tanto privadas como públicas que
hicieron sus inversiones, digitalizaron sus transmisiones y cumplieron en
tiempo y forma con el apagón analógico…”, pero le costó al Estado 26 mil millones
de pesos con “todo lo que ello implicó políticamente, de uso electoral,
etcétera; son cosas que quizá no debieron haber ocurrido”.
Como suele suceder, estos grandes cambios
de tecnología abren las puertas a la corrupción y al enriquecimiento ilícito
cuando no existe una planificación rigurosa y transparencia de gestión. A pesar
de esos inconvenientes México ha sido el primer país en la región
latinoamericana en lograrlo, luego de que Uruguay -que había previsto hacerlo
el 21 de noviembre de 2015- postergó el apagón por no estar aún en capacidad de
ofrecer el servicio a todos los usuarios.
Todos los demás países, menos Bolivia, tienen
fecha para el apagón analógico definitivo y están preparándose para la
transición a la Televisión Digital Terrestre (TDT). Colombia ha fijado la fecha
del 31 de marzo de 2019, Venezuela el 1 de enero de 2020 y Perú el 28 de julio
de 2020. Menos precisos, Panamá y Ecuador hablan del año 2017; Brasil, El
Salvador y Costa Rica del 2018; Argentina del 2019; Chile, Perú y Honduras del
2020; Cuba y Paraguay del 2024… Bolivia
no tiene fecha oficial.
Lo que no han entendido los gobiernos
latinoamericanos es que no es cuestión de decretos y anuncios triunfalistas sino
de procesos muy complejos de inversión en tecnología, que con la participación
de empresas públicas y privadas garanticen las condiciones para que esa
transición de emisión y recepción de señales digitales sea factible. Significa la
administración y gestión estatal de las nuevas frecuencias, la renovación completa
de los equipos de producción y transmisión de los canales de televisión, y la adaptación
del parque de televisores en todo el territorio nacional.
El presidente boliviano delira con la
central nuclear “más grande” de Latinoamérica (¿qué quiere decir “más grande”?: ¿más potencia?, ¿mayor tamaño?, ¿más costosa?),
pero no tiene idea de la tecnología como sistema integrado y sostén de las
transformaciones económicas. Cree que regalando computadoras con su foto se
resuelve el tema del avance tecnológico, pero no se ha tomado en serio la
transición a los sistemas digitales de transmisión y recepción. Tan atrasados
estamos en Bolivia que seguimos teniendo la conexión de internet más cara y
lenta de la región.
Los pasos que ha tomado el gobierno
boliviano, además de anuncios retóricos que no se corresponden con acciones en
la realidad, solo benefician a quienes están en el poder. El canal del Estado (o más bien el canal del
gobierno, pues se utiliza como instrumento de la politiquería presidencial), tiene
ya capacidad instalada para producir y transmitir señales digitales, pero el
resto del país no parece interesarle al gobierno. Uno de los anuncios oficiales
dice que se fijará la fecha del apagón “cuando la mayoría de los ciudadanos ya puedan
captar las señales digitales”, lo que significa que se dejará la
responsabilidad en manos de la iniciativa privada.
El capricho presidencial del satélite
Tupaj Katari le ha salido caro al país, ya que no podrá amortizarse el costo en
los 15 años de vida útil y hasta ahora no ha tenido otro beneficio que ampliar
la señal del canal oficial. Probablemente
sucederá lo mismo con la transición a la Televisión Digital Terrestre. Bolivia
no está preparada (el tema apenas se discute porque el gobierno está más interesado en invertir en propaganda) y será otra vez uno de los
últimos países de la región en ponerse al día. Los delirios de grandeza
presidenciales no podrán, por decreto y por saturación de publicidad, remediar
esa situación. La corrupción imperante y el tráfico de influencias hace pensar que el gobierno solamente
tomará decisiones si algún funcionario vivillo ve en la transición a la TDT la oportunidad
de hacerse rico en poco tiempo.
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El apagón analógico sin política de
Estado
es como apagar la vela de cumpleaños de
un enfermo terminal.
—AGD
