El próximo 21 de febrero los bolivianos
votaremos por un SI o por un NO respondiendo a la pregunta formulada por el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) a pedido del partido de gobierno:
¿"Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado para que la presidenta o presidente y vicepresidenta o vicepresidente pueda ser reelecta de manera continua? Por disposición transitoria de la ley de reforma parcial de la Constitución Política del Estado se considera como primera reelección el periodo 2015 - 2020 y la segunda reelección del 2020 al 2025".
La pregunta tiene sus bemoles porque Evo
Morales lleva ya diez años en el poder y su “primera elección” no fue en 2015,
como dice la caprichosa “disposición transitoria” que se sacaron de la manga
para eternizarse en el poder. Además, ¿qué es eso de "presidenta" y "vicepresidenta" si se está hablando de la prórroga del 2015 al 2025? ¿Tienen pensado cambiar de sexo en el camino?
En fin, estamos otra vez sometidos a los
caprichos de un autócrata (y del florero que lo acompaña) con una mayoría parlamentaria que le permite modificar a
su guisa las leyes por decreto y la propia Constitución Política del Estado, y que quiere
habilitarse para las elecciones del 2019 desde ahora, porque no está seguro de
que su popularidad se mantendrá hasta entonces.
Sea cual fuere el resultado del referendo
los bolivianos tenemos que manifestar sin ambigüedad nuestra posición. No hay nada
peor que el voto clientelista, que no está motivado por convicciones ideológicas
y valores éticos, sino por la perspectiva de seguir medrando en beneficio
personal y no del país.
Tengo muchas razones para votar por el NO,
sin por ello dejar de reconocer que hace diez años se fortaleció un proceso de
cambio que parecía devolverle a la población de excluidos un sentido de identidad,
tiempo y lugar en la historia, y un horizonte de interculturalidad, democracia,
respeto por el otro e igualdad de derechos.
Pero eso ya no existe, se esfumó. Fue un
espejismo. Solo persiste un discurso oficialista hueco y mentiroso, que lo
único que pretende es perpetuarse en el poder con todo lo que ello implica: deterioro
de la justicia, persecución política, corrupción, contrabando, malversación de
bienes del Estado y de los recursos naturales del país.
NO al continuismo
de Evo Morales que no deja que nadie, ni en su propio entorno, levante cabeza.
“Cuando un líder político empieza a pensar que es indispensable y que no puede
ser sustituido, comienza a nacer una pequeña dictadura”, dijo Lula. Al igual que Barrientos, Bánzer o Stroessner (ocho
veces reelecto “democráticamente”) y otros dictadores del mundo (muchos en
África, como Mugabe, Campaore, Museveni, etc) ratificados en el poder por voto
popular manipulado, Evo Morales se proyecta como el “único” capaz de garantizar
la estabilidad. Eso es lo que quieren que creamos, que es “indispensable” e
“insustituible”.
NO a la violación de la Constitución Política del
Estado, porque es antidemocrático (y muy
paradójico) que esa constitución hecha a medida de Evo y aprobada de madrugada en
un cuartel mediante astucias politiqueras, ni siquiera la respete quien la
diseño desde el Palacio de Gobierno y prometió defenderla durante 50 años. Cada
vez que le conviene al régimen, la cambia, como si fuera una camiseta de
fútbol.
NO a la corrupción
galopante que no tiene parangón en gobiernos anteriores, ni siquiera en las
dictaduras militares. Santos Ramírez (YPFB), el Fondo Indígena y ahora la
empresa CAMC donde Gabriela Zapata, la Gerente Comercial, es la mujer que Evo
tuvo durante varios años sin que el país se enterara, son solo la punta del
iceberg que el gobierno revela con cuentagotas cando está contra la pared y
cuando la información ya se ha filtrado en las redes virtuales y en los medios
de información. Hay mucho más que irá saliendo en los próximos meses y años como
pus de una herida infectada, que ya no se puede esconder y duele.
NO al narcotráfico
y a los productores de hoja de coca de la zona del Chapare que producen el 93%
de la coca destinada a hacer droga (según cifras de Naciones Unidas aceptadas
por el gobierno), se sienten impunes y gozan de beneficios tan asombrosos como
un aeropuerto internacional en una zona apenas poblada. Los casos de
narcotráfico se suman cada mes: ¿ya hemos olvidado del General René Sanabria,
ex Comandante nada menos que de la Fuerza Especial de Lucha contra el
Narcotráfico (FELCN), ahora preso en EEUU por narcotráfico? ¿Y el amauta aymara
que entronizó a Evo en 2005 y en cuya casa se encontró una fábrica de cocaína y
varios alojados colombianos? ¿Y los narco-alcaldes? ¿Y la población de San
Matías, que no permite la entrada de la policía para defender a los narcos?
NO a la persecución política que multiplica presos, exiliados y muertos como en tiempos de las
dictaduras. Entre presiones y enfrentamientos, el gobierno de Morales tiene
encima más víctimas que Sánchez de Lozada. La politización de la justicia o,
como suelen llamarle, la judicialización de la política, ha cobrado víctimas
como el ingeniero Bakovic, entre otros. Los exiliados y autoexiliados se suman
debido a la persecución. Cualquiera que haya sido parte de un gobierno anterior
puede ser perseguido. En su momento le
hicieron juicio incluso a los ex presidentes Carlos D. Mesa y Eduardo Rodríguez
Veltzé, pero ahora los necesitan como portavoces de la causa marítima. Todavía
no se ha esclarecido la masacre de supuestos terroristas en el Hotel Las
Américas en Santa Cruz, acribillados a balazos en la madrugada, cuando estaban
durmiendo en calzoncillos. Ni un herido entre los policías, pero casi todos los
supuestos terroristas muertos: qué eficiencia. ¿Y las carpas de víctimas de las
dictaduras que desde hace más de cinco años están frente al Ministerio de
Justicia reclamando que se atienda sus demandas?¿Cuándo se desclasificarán los
archivos de las dictaduras militares? ¿Por qué se protege al ejército?
NO a la censura de prensa que pretende acallar a periodistas y establecer la censura y la autocensura
mediante la compra de diarios y canales de televisión. Todos los periodistas
reconocidos por su independencia crítica, incluso aquellos que hace años
apoyaron fervientemente a Evo Morales, como Amalia Pando y Andrés Gómez, entre
otros, están siendo acorralados. Los
medios en los que trabajaban han sido amenazados de cierre o cerrados de facto
para que sus voces no se escuchen. El gobierno compra a través de “empresarios”
que son palos blancos, canales de televisión como ATB, PAT, y varios otros,
además de diarios como La Razón, donde el propio Vice-Presidente nombró a la
directora.
NO al uso arbitrario de bienes públicos en la campaña de Morales que ya dura diez años sin interrupción.
Morales no da puntada sin hilo, todas sus apariciones diarias se transmiten en
vivo y en directo por el canal del Estado, convertido en canal unipersonal,
incluso cuando juega partidos de fútbol, su actividad más preciada (aunque es
mal jugador y mal perdedor).
El Ministerio de Comunicación, con un presupuesto mayor
al de todos los gobiernos anteriores, se dedica exclusivamente a ensalzar la
figura del “líder”. Basta echar un vistazo a los lujosos libros que publica,
con fotografías de Evo Morales en casi todas las páginas. Kim Il-sung se queda chico. ¿Y qué se puede
decir del canal Abya Yala, un regalo del gobierno iraní a la Fundación Juan
Evo Morales Ayma (JEMA), es decir, un regalo personal, de un bien privado, a de
un gobierno extranjero a un presidente en ejercicio? En cualquier país con una
política decente, ya hubiera sido obligado a renunciar. Pero todo lo contrario,
el Estado paga los sueldos de los ejecutivos y técnicos del canal de TV de la
fundación JEMA.
NO al extractivismo que entrega reservas de
petróleo y minería e hipoteca el futuro de los recursos naturales. Mientras en
el discurso se manosea a “la Madre Tierra”, se reprime a indígenas que la
defienden, como en el Tipnis. Pero además, los contratos que establece carecen
de estudios de impacto ambiental y por lo general se revelan posteriormente
como engaños y estafas, como sucedió con la empresa Jindal, de la India, cuyo
contrato se anunció con bombos y platillos y se usó como propaganda electoral.
Cinco mil millones de dólares debía invertir la empresa, pero no pasó nada,
aunque algunos sacaron tajada mientras duró el engaño. Ahora se anuncia la
exploración de petróleo en el parque natural de Madidi, y nadie pestañea.
NO al prebendalismo que ha destruido a las organizaciones sindicales históricas, como
la Central Obrera Boliviana (COB), la Federación Sindical de Trabajadores
Mineros de Bolivia (FSTMB) y la Confederación Sindical Única de Trabajadores
Campesinos de Bolivia (CSUTB), todas organizaciones históricas del movimiento
sindical boliviano, ahora convertidas en satélites del gobierno que las corrompe
día a día, al igual que a los mal llamados “movimientos sociales”, todos ellos
implicados en el desfalco del Fondo Indígena, donde dineros para proyectos
productivos fueron depositados en cuentas personales.
NO al conflicto de intereses de un presidente que no ha dejado la máxima dirigencia del MAS y
de seis federaciones de cocaleros. ¿Qué intereses favorece? Obviamente, los
intereses de los cocaleros del Chapare, los aliados del narcotráfico. Vuelvo a
preguntar: ¿A quién le vende Evo Morales la coca que produce en su qatu?
NO al doble discurso y a la impostura que autodefine al régimen “de izquierda” e "indigenista" mientras que en realidad mantiene la política neoliberal, capitalista, extractivista, represiva y
clientelista. Cualquier crítica a la gestión gubernamental es asociada en los
medios de propaganda del régimen como ataques “de la derecha”, pero en el
espectro político boliviano el gobierno se
ubica en el centro por su ideología neoliberal, por su
alianza con los militares, por la represión y por sus políticas capitalistas. La impostura y el transformismo oportunista son notables, con ceremonias y trajes inventados en producciones teatralizadas en Tiwanaku.
NO a la megalomanía faraónica que usa fondos públicos y otros recursos del Estado para
regalarse un museo con un costo de varios millones de dólares en Orinoca,
pueblo natal del presidente, que construye ahora un palacio musoliniano de 28
pisos de altura en el casco histórico de La Paz, deformando el paisaje urbano
que estaba protegido como patrimonio cultural, que compra aviones de lujo sin
licitación y despilfarra 350 millones de US$ en un satélite de beneficios
dudosos, que hasta ahora solamente ha servido para llevar la señal del canal de
televisión del gobierno hasta los últimos confines del territorio.
NO al machismo y a la misoginia del presidente y de su gobierno. Están registradas las múltiples
ocasiones en las que Evo Morales ha emitido declaraciones que mellan la
dignidad de la mujer, y su actuación personal en el caso de Gabriela Zapata,
con la que tuvo un hijo, es también lamentable: no se acuerda de ella, no la
reconoció. Con un presidente así no es extraño el alto número de feminicidios
que se registran en las principales ciudades del país.
Hay muchas cosas más que se quedaron a
medio camino y que no se investigan. ¿Ya hemos olvidado los 33 camiones de Juan
Ramón Quintana, ahora Ministro de la Presidencia, y la extorsión de menonitas, los
negocios del vicepresidente y su familia, el tráfico y reventa de avales, de
tractores y de productos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa),
y tantos otros hechos no investigados por el gobierno aunque bajo el escrutinio
de la sociedad civil y de los medios de in formación independientes?
Si persistimos en la desmemoria somos cómplices.
Y son cómplices todos aquellos que al haberse beneficiado de puestos públicos
y contratos con el Estado, votarán por el SI por conveniencia personal y no por
afinidad ideológica (que ya no puede existir puesto que el gobierno no tiene más
una ideología definible, solamente un discurso demagógico).
¿Qué parte del NO no se entiende?
__________________________
Agradezco no ser una de
las ruedas del poder,
sino una de las
criaturas que son aplastadas por ellas.
—Rabindranath Tagore
El próximo 21 de febrero los bolivianos
votaremos por un SI o por un NO respondiendo a la pregunta formulada por el
Tribunal Supremo Electoral (TSE) a pedido del partido de gobierno:
