(Publicado en Brújula Digital, PublicoBo, ANF y Los Tiempos el sábado 11 de noviembre de 2022)
Entre el humo de los chaqueadores y avasalladores de tierras, y los bloqueos de los cooperativistas mineros que saquean el oro de la nación, sufrimos uno de los períodos más dramáticos del autoritarismo masista, sin embargo, muy tolerante con los sectores que lo apoyan, no por nada los más corruptos: cocaleros, avasalladores de tierras, minería salvaje.
Los cooperativistas auríferos bloquearon
La Paz (y la paz), dañaron oficinas del Estado y el ornato público, con
guardatojos flamantes que nunca han sido raspados ni se han manchado con una
gota de copajira. Sus guardatojos no tienen lamparín porque no alumbran ningún
camino, como hicieron antes los mineros que forjaron historia. Estos son en
cambio símbolo de la expoliación y el robo agravado de los recursos naturales y
no renovables de los bolivianos.
Con guardatojos flamantes, estos impostores le hacen a Bolivia tres tipos de daño a corto y mediano plazo: daño económico, daño social y daño ambiental, como secuela de la extracción de oro que, según nuestras leyes, es del Estado, aunque sea extraído por particulares.
El daño económico se ve en las
cifras. Estos empresarios de la expoliación intensiva exportaron 3 mil millones
de dólares en 2022, pero solamente pagaron al Estado 60 millones, es decir, un
2% (cada uno de nosotros paga 10 veces más por lo que nos pagan o lo que
compramos). Desde el año 2006 los mineros auríferos se han llevado 16 mil
millones de dólares. Los cooperativistas que ahora presionan al gobierno para
que les permita penetrar en áreas protegidas y pagar aún menos impuestos, son
parte de mafias internacionales de comercio clandestino de oro, en alianza con
similares “mineros” peruanos, brasileños o chinos, que extraen de la tierra que
es de todos, el oro que es de todos, y lo comercian como propio.
No estamos hablando de una explotación artesanal de pobres andrajosos que lavan unos gramos de oro acuclillados en la orilla de un río, sino de una expoliación masiva, con grandes maquinarias y dragas (con diesel subsidiado por el Estado) que en el proceso de separación del metal usan mercurio que acaba en los ríos y en la sangre de las poblaciones indígenas.
El daño ambiental está
estrechamente vinculado al daño económico y al daño a la salud, ya que
empobrece áreas enormes donde aniquila la naturaleza. A los explotadores ilegales
de oro, les importa un bledo que muera la naturaleza o enferme la gente. Acaban
con los bosques, envenenan los ríos, los peces y otros animales, y enferman a las
comunidades indígenas. Peor aún, pretenden criminalizar a quienes defienden las
áreas protegidas.
Ignorando el Convenio de Minamata, entre 2015 y 2020 los mineros auríferos depredadores, han importado y llevado de contrabando a países vecinos (donde está prohibido) 1.156 toneladas de mercurio. Ahora exigen 125.000 hectáreas en áreas protegidas, además con “seguridad jurídica”: la impunidad garantizada. Todo por encima de la Constitución Política del Estado, ese invento masista que es puro verso.
Los ríos pierden profundidad por los
sedimentos de la minería salvaje. El Parque Nacional Apolobamba ya ha sido
completamente avasallado. Los pueblos indígenas aledaños emigran o se
extinguen. Más del 85% de los mineros cooperativistas operan sin licencia
ambiental, ya que en muchos casos corrompen a las comunidades para obtener su
aval.
La cruel paradoja es que el gobierno masista se proclama “defensor” de la madre tierra, y mientras mantiene ese discurso “for export” para endulzar los oídos de cómplices ingenuos, por debajo alienta los avasallamientos y la minería salvaje.
Si a los violadores de menores se los
condena con 2 a 6 años de prisión, ¿cuál debería ser la pena máxima para los
que violan a su madre, la madre tierra?
El daño social de la política
corruptora y corporativista del MAS ha destruido al histórico sindicalismo
boliviano. Los cooperativistas mineros privados fueron avalados por el gobierno
de Evo Morales para destruir a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros
de Bolivia (FSTMB), acabar con la democracia sindical y erigir un poder
autoritario absolutista.
Con corrupción, represión y complicidad de algunos dirigentes mineros, el cacique del Chapare quebró la espina dorsal de la organización sindical cuya trayectoria ejemplar fue referente de las luchas sindicales no sólo en Bolivia sino en toda la región. La FSTMB pensaba en el país, no en sus bolsillos. Los mineros eran pobres, pero sus reivindicaciones no eran sólo salariales sino una agenda política que favorecía a todos los bolivianos. Los dirigentes eran gente honesta que no se dejaba corromper porque se guiaba por principios e ideología, y no por avaricia. Eran comunistas, trotskistas, nacionalistas o maoístas, de notable valor e integridad como Juan Lechín, Simón Reyes, Víctor López, Irineo Pimentel, Alberto Jara, Domitila Barrios de Chungara o Filemón Escobar, para no citar sino a unos cuantos que tuve el honor de frecuentar en las décadas de 1960, 1970 y 1980.
Tanto dinero mal habido manejan los cooperativistas auríferos, que por dos días de bloqueos en La Paz (el 6 y 7 de noviembre), pagaron 500 Bs a vendedoras y desempleados, de pronto convertidos en “familia cooperativista” para tener como rehén a la población paceña. Videos y testimonios muestran claramente los pagos que reciben los bloqueadores. Esa práctica de pagar y acarrear es otra prueba de la desnaturalización y perversión de la protesta social.
Pero el régimen del MAS no hace nada, aunque
todavía hay quienes escuchan con fervor evangélico las mentiras que esgrimen
con fines de propaganda los “defensores de la Pachamama”.
