La mancuerna MAS-CIDH

 Estoy tentado de incluir esta ironía como anécdota en el libro de Ripley porque “aunque usted no lo crea”, nunca se había visto antes una mancuerna tan perversa entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que depende de la OEA, y un partido político de un país de la región: el Movimiento al Socialismo (MAS), que gobernó Bolivia durante 14 años dejando el saldo lamentable que conocemos. 

Hay una explicación para todo, y es que Paulo Abrão, que funge como Secretario Ejecutivo de la CIDH, le debe toda su carrera profesional a los gobiernos del llamado “socialismo del Siglo XX”, que en paz descanse. Abrão era un joven ambicioso (ya no es joven, pero sigue siendo ambicioso) que se unió al Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil para obtener sus primeros cargos. 

Aunque suele esconder la fecha de su nacimiento en su hoja de vida pública, no había terminado todavía su doctorado en Derecho cuando asumió el cargo de presidente de la Comisión de Amnistía de Brasil, en 2007. El año 2011 fue nombrado por el gobierno de Dilma Rousseff, Secretario Nacional de Justicia en Brasil, cargo que ejerció solo hasta 2014 cuando se presentó la oportunidad de dar un salto al cargo de Secretario Ejecutivo del Instituto del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos (IPPDH) del Mercosur, en 2015, con apoyo de los gobiernos de Cristina Kirchner, Nicolás Maduro y José Mujica. 

Apenas duró un año en ese cargo, porque con su habitual estilo de trampolín logró el apoyo de la región para ser nombrado, en julio del 2016, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde allí, ha hecho todo menos cumplir con los criterios que supuestamente fundamentaron su nombramiento: “independencia y autoridad moral”. 

Es importante conocer la trayectoria de Abrão porque la CIDH no funciona como un organismo independiente sino como una célula partidaria donde Abrão toma las decisiones, a veces en apenas un par de horas, sin consultar con nadie. 

Así como nunca respondió al requerimiento de instituciones bolivianas que preguntaron a la CIDH si la “reelección indefinida” de Evo Morales era un “derecho humano”, en cambio tardó menos de dos horas en dictar medidas cautelares contra el gobierno de la presidenta Añez cuando, en los difíciles días de los ataques violentos en Senkata, decretó que el ejército estaba autorizado para poner orden. Ese corto lapso de tiempo indica que los miembros de la CIDH ni siquiera se reunieron. 

La CIDH de Abrão ha manejado con mala leche su relación con Bolivia. Mientras estuvo el gobierno del MAS en el poder, no objetó para nada las constantes violaciones de derechos humanos, ni dio paso a investigaciones pendientes sobre los hechos en El Porvenir, el Hotel Las Américas, Panduro, Challapata, La Calancha, Caranavi, Chaparina, los esposos Andrade, el ingeniero Bakovic, Analí Huaycho, Jacob Ostreicher, y tantos otros. 

En cambio, ha trabajado en mancuerna con funcionarios del MAS (senadores, exministros, Defensora del Pueblo, etc.) contra el gobierno de transición de la presidenta Añez, repartiendo como pasankalla medidas cautelares, por cualquier motivo o sin motivo, siempre en defensa del MAS y del sistemático sabotaje de Evo Morales desde su exilio voluntario. 

La gota que derrama el vaso es el informe que publicó recientemente la CIDH, malicioso y sesgado, que no menciona las acciones terroristas que realiza el partido de Evo Morales para sabotear el proceso democrático, pero tergiversa las medidas del gobierno boliviano para mantener la paz en el país con miras a elecciones libres, más aun en tiempos en que los bolivianos enfrentan la pandemia del coronavirus con un sistema de salud desmantelado, heredado del gobierno del MAS. 

El informe de Paulo Abrão mereció en días pasados una respuesta contundente y documentada del gobierno boliviano —a través del Embajador ante la OEA, Jaime Aparicio— donde en seis apretadas páginas se desmonta el accionar de la CIDH, aunque sin referirse explícitamente a quien maneja a esa instancia como si fuera su changarro. Lo hago ahora, para que quede claro. 

La respuesta del Embajador Aparicio, sumada a tantos reclamos anteriores de instituciones bolivianas defensoras de derechos humanos, partidos políticos, abogados y personas naturales, debería bastar para que los países miembros de la OEA retiren su confianza al ambicioso Abrão, por haber parcializado a la CIDH contra Bolivia. No vaya a ser que, con su trampolín a cuestas, ya esté preparando el próximo salto de su ambiciosa carrera poco profesional. 

(Publicado en Página Siete el sábado 18 de abril 2020)

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Quien calla una palabra es su dueño;

quien la pronuncia, su esclavo.

—Karl Kraus