Al
paso que vamos, las elecciones judiciales se convertirán en un referendo
revocatorio. Poco importa la postergación hasta el 3 de diciembre porque
independientemente de la fecha el acto electoral será a todas luces un
referendo contra el gobierno a través del voto en blanco o nulo.
No
se necesita ser especialista ni politólogo para darse cuenta de lo que está
pasando. Que tenga en las redes virtuales y en los muros de la ciudad la
etiqueta inicial de #22O o la nueva de #3D, el resultado será el mismo si no se
desmonta inmediatamente la pirámide armada por la mayoría del MAS en la Asamblea
Plurinacional y no se introducen cambios sustanciales en la primera parte del
proceso: la preselección de candidatos.
Vamos
al grano: el meollo de las elecciones judiciales es que la preselección de
candidatos está nuevamente en manos del partido de gobierno y eso contamina
todo el proceso. Basta ver las fotos de González, Montaño y Rivero de la
Asamblea Plurinacional hablando de las elecciones y dando orientaciones, para
desconfiar. Los personajes no gozan de ninguna credibilidad porque han
supeditado el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo.
El
MAS ya metió la pata hasta la cadera en las elecciones judiciales de 2011, y
está haciendo lo propio ahora. Aunque se suele decir que nadie tropieza dos
veces en la misma piedra, ese afán poco disimulado de copar el sistema de
justicia para mantener abierta la posibilidad de que Evo Morales se presente (contra
la Constitución, contra la ley y contra toda lógica democrática) como candidato
a la presidencia en 2019, ha sido claramente percibido por la población, tanto
por quienes están a favor como en contra del eterno candidato.
La
desconfianza en el proceso de preselección de candidatos y la falta de
transparencia de los mecanismos controlados por la mayoría masista en la
Asamblea Plurinacional ha contaminado irremediablemente todo el proceso de las
elecciones judiciales. El MAS está ahora en un gran aprieto y lo sabe. Se nota demasiado
el nerviosismo de sus principales operadores.
Sería
mucho más barato designar jueces directamente, como se hacía antes y como se
hace en todo el mundo, en lugar de montar un circo supuestamente democrático
pero que en los hechos resulta siendo todo lo contrario. De ahí que cuando uno
escucha a personeros del gobierno decir con orgullo que somos “el único país
que elige a sus jueces” suena más ridículo que revolucionario. Y cuando el
presidente de los Senadores afirma que “el MAS no tiene intereses en el Poder Judicial”,
mueve a risa, las redes virtuales se llenan de carcajadas.
Primero:
al cerrarse el anterior plazo de presentación de candidaturas, había 492
aspirantes, 73% de los cuales trabajan para el gobierno de Evo Morales. Que
sean funcionarios no sería un problema en un Estado donde se respete la independencia
profesional, pero este régimen se ha caracterizado por exigir “fidelidad”
política a quienes contrata. El puño en alto los delata, además de las “cuotas”
que los funcionarios públicos están obligados a dar de sus salarios para
mantener el aparato del partido de gobierno.
Segundo:
a pesar de la participación de las universidades en la elaboración de los
cuestionarios para los precandidatos, los delegados universitarios estarán
pintados en el decorado y la decisión final estará en manos de la Asamblea
Plurinacional que, no es ninguna novedad, sigue las consignas del ejecutivo. En
Bolivia no existe la separación del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo.
Por eso es una democracia enferma.
En
el puntaje que se dará a los precandidatos, los 40 puntos para la “evaluación
de méritos” son pocos si se comparan con los 30 puntos para el “examen escrito”
que no será calificado por las universidades que formularon las preguntas sino
por la misma Asamblea Plurinacional (¿vamos, con qué conocimiento científico?).
Finalmente los 30 puntos asignados a la “entrevista” final, que también está en
manos de la directiva masista, definirán la lista de precandidatos.
El
gobierno no aprendió nada de su desastrosa experiencia de 2011. En 2017 ya no
tiene ni la aplanadora institucional, ni la imagen pública que en 2011 todavía
favorecía a la figura presidencial.
El
Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que ha tratado de mantener su
independencia a pesar de un par de vocales puestos por el presidente, recibirá
una papa caliente (y podrida) pues está obligado a conducir unas elecciones
judiciales en las que la mayoría de la población ya no cree.
Encima,
el Ministro de Hacienda –el de las alfombras persas- ha decidido quitarle
recursos al TSE y poner en riesgo el proceso electoral, reduciendo el
presupuesto de 155 a 106 millones de bolivianos (y luego de arduas
negociaciones a 125 millones). El monto total fijado por el OEP era esencial
para una amplia “difusión de méritos” que permita informar a la población no
solamente sobre los candidatos sino sobre las competencias de los órganos
judiciales. Para ello la capacitación de periodistas es también de la mayor
importancia, pero el ministro Arce seguramente recibió instrucciones para
debilitar el proceso.
Lamentablemente,
en el torbellino electoral la población no logra distinguir cuales son las
responsabilidades de la Asamblea Plurinacional y cuales las del OEP, y al calor
de la desconfianza creada por el MAS en la ALP, lo más seguro es que el Órgano
Electoral Plurinacional pague las consecuencias, sin merecerlo.
Por
mucho esfuerzo que haga el OEP para llevar adelante un proceso transparente y
bien informado, el presente griego que recibe de la ALP está envenenado,
plagado de irregularidades, cubierto de un manto de desconfianza y carente de
credibilidad.
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Cualquier elección política es también una elección
cultural.
Creo que la cosa más importante es la educación,
preocuparse de saber, de conocer, de darse una propia cultura.
—Milo Manara